El presidente Abelardo de la Espriella firmará el viernes 11 de octubre de 2026 el nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia. Así lo confirmó el jefe de la cartera del Interior, quien explicó los cambios fundamentales que trae la nueva normativa, reportó Infobae.
El decreto ha suscitado críticas en medio de la oposición al Gobierno de De la Espriella. Sectores políticos y sociales han expresado reparos al contenido y al alcance de la nueva reglamentación, aunque la versión final del texto se conocerá una vez sea firmado y publicado.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en el artículo 37 de la Carta Política. Su regulación ha sido un tema sensible desde la expedición del Decreto 003 de 2021, que se dictó tras las jornadas de paro nacional de 2019 y 2021 y que fijó reglas para manifestaciones, bloqueos y uso de la fuerza.
El Ministerio del Interior es la entidad encargada de coordinar la relación entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales, así como de formular políticas sobre convivencia y orden público. Por eso el jefe de esa cartera ha sido la voz oficial para detallar los cambios del nuevo decreto.
Entre los puntos que generan discusión pública está el papel de las autoridades locales en la garantía de la protesta, los protocolos de actuación de la fuerza pública y los límites a figuras como los bloqueos de vías. Aunque el contenido preciso del articulado no se conoce en detalle, estos han sido ejes centrales de los debates sobre la materia en años recientes.
Para la ciudadanía, una nueva regulación de la protesta social tiene efectos directos. Define qué se puede hacer y qué no durante una manifestación, cómo deben actuar la Policía y el Ejército, y cuáles son los derechos y deberes de quienes participan en marchas, concentraciones o plantones en espacios públicos.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas suelen pedir estándares más altos de protección a los manifestantes. Otros sectores piden reglas más claras para evitar bloqueos que afecten a terceros. El nuevo decreto se inscribe en esa tensión y pretende, según el Gobierno, actualizarla.
La oposición ha cuestionado el momento y el contenido de la iniciativa. Argumenta que modificar las reglas de la protesta en este contexto puede restringir un derecho fundamental. El Ejecutivo defiende los cambios como una actualización necesaria del marco vigente.
Con la firma del 11 de octubre, el decreto entrará a regir una vez se publique en el Diario Oficial. A partir de ese momento, alcaldías, gobernaciones, fuerza pública y organizadores de marchas deberán ajustar sus procedimientos a lo que disponga la nueva norma.