El nuevo gobierno arranca con una herramienta clave: los decretos. Con ellos, el presidente electo Abelardo de la Espriella puede ejecutar una parte de sus propuestas sin pasar por el trámite legislativo. El resto exige consensos en el Congreso, donde necesitará acuerdos con bancadas y partidos.
La diferencia entre uno y otro camino no es menor. Un decreto presidencial entra en vigencia de forma inmediata tras su firma y publicación, y solo un fallo del poder judicial puede tumbarlo. En cambio, un proyecto de ley recorre debates en comisión y plenaria, con tiempos y resultados que dependen de la correlación política.
En Colombia, los decretos pueden reglamentar leyes ya existentes, ajustar la estructura de entidades del Estado y tomar decisiones en asuntos urgentes, entre otros. Las reformas de fondo, como cambios a sistemas de salud, pensiones o tributos, suelen requerir leyes estatutarias u ordinarias, y por tanto el visto bueno del Legislativo.
El panorama en el Congreso es fragmentado. Ningún partido tiene mayoría absoluta, y las mayorías se construyen proyecto por proyecto. Esa dinámica obligará al gobierno a negociar con sectores de oposición y a ceder en algunos puntos si quiere aprobar sus iniciativas.
Para la ciudadanía, la distinción tiene efectos prácticos. Las medidas por decreto pueden sentirse en el día a día casi de inmediato. Las que dependen del Congreso tardarán meses y pueden quedarse cortas frente al plan inicial, según cómo avancen los acuerdos políticos.
La fuente consultada, La Silla Vacía, detalla cuáles de las propuestas del presidente electo caben en la vía rápida del decreto y cuáles demandan debates legislativos. Esa lectura anticipa los primeros movimientos del nuevo gobierno y los puntos donde se concentrará la negociación.
Por ahora, el arranque del gobierno se medirá por la velocidad de los decretos y por la capacidad política para construir mayorías en el Capitolio. Ambos ritmos marcarán el pulso de la gestión en los primeros meses.