El gobierno electo de Abelardo de la Espriella salió al paso del debate sobre una eventual reforma tributaria y descartó esa ruta. La declaración fija desde ya un eje económico para el período que arrancará en 2026, con acento en el orden de las cuentas públicas.
De acuerdo con la información publicada por 360 Radio, la vocería del equipo entrante fue directa: no se contempla un nuevo proyecto de tributos que aumente la carga sobre los hogares ni sobre las empresas. La prioridad declarada es sostener la disciplina fiscal y elevar la eficiencia del gasto.
El mensaje político apunta a diferenciar al próximo gobierno de la administración actual. La frase “los colombianos no pagarán los errores del Gobierno saliente”, atribuida al entorno de De la Espriella, resume el argumento: el costo del ajuste, si lo hay, no recaerá vía impuestos sino vía mejor uso de los recursos existentes.
En Colombia, la última reforma tributaria de gran alcance fue la Ley 2277 de 2022, conocida como la reforma social del gobierno de Gustavo Petro. Esa norma elevó tarifas a personas de mayores ingresos y modificó impuestos a empresas, en medio de una discusión nacional sobre su impacto en la inversión y el empleo formal.
Anunciar que no vendrá una nueva reforma es un giro relevante para distintos sectores. Los gremios económicos y los empresarios suelen pedir estabilidad tributaria para planear inversiones, mientras que organizaciones sociales y expertos en gasto público suelen alertar sobre la caída del recaudo y la urgencia de más ingresos para programas sociales.
La promesa de “disciplina fiscal” implica, en la práctica, que el nuevo gobierno buscará cumplir las metas de déficit y deuda acordadas con organismos multilaterales y con las calificadoras de riesgo. Esas metas pesan en la prima de riesgo del país y en el costo de la deuda interna.
La segunda pata anunciada, la eficiencia del gasto, suele traducirse en revisiones a programas, contratos y plantas de personal del Estado. En Colombia, la lucha contra la corrupción y el desvío de recursos ha sido un reclamo constante de la ciudadanía y de organismos como la Contraloría General.
Quedan preguntas abiertas. El gobierno electo no ha detallado aún cuáles programas serán ajustados, qué entidad liderará la revisión del gasto ni cómo compensará eventuales menores ingresos si decide desmontar exenciones tributarias vigentes. Esos puntos seguramente harán parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General que se radiquen en 2026.
Por ahora, el anuncio funciona como una señal de rumbo. Para los contribuyentes es un mensaje de alivio frente a nuevas cargas, y para los mercados es una pista de que la siguiente administración llegará con la lupa puesta sobre el tamaño y la calidad del gasto público.