El presidente Abelardo De La Espriella salió al cruce de la reforma tributaria que tramita el Gobierno saliente y lanzó un mensaje directo a la opinión pública: los colombianos, dijo, no tendrán que cargar con nuevos tributos a partir del 7 de agosto, fecha en la que está prevista su posesión. La frase quedó condensada en la consigna que él mismo repitió ante los medios: «Los colombianos no pagarán los platos rotos».
Según reportó Hora 13 Noticias, el pronunciamiento se produjo en el marco del debate sobre el proyecto fiscal que ya cursa en el Congreso y que el Gobierno saliente defiende como herramienta para cerrar el hueco de las finanzas públicas. De La Espriella, en cambio, lo descalificó y lo presentó como una carga que recaerá sobre los hogares y los sectores productivos si se aprueba en los términos actuales.
La reforma tributaria es una de las cartas más sensibles con las que cuenta cualquier administración para ajustar el recaudo y sostener el gasto público. En Colombia, estos proyectos suelen incluir cambios en las tarifas del impuesto de renta, modificaciones al IVA, gravámenes a sectores puntuales y nuevos regímenes para personas naturales y jurídicas. El antecedente más cercano fue la Ley de Crecimiento Económico de 2019, que rebajó parcialmente la renta a las empresas y dejó varios temas pendientes en la agenda fiscal.
Con el calendario en mano, la intervención de De La Espriella abre un escenario de superposición de mandatos: el Congreso podría aprobar la reforma antes del 7 de agosto y, aun así, el nuevo presidente tendría margen para objetarla, archivarla en su primer día o impulsar un texto alternativo que reemplace al que dejó la administración saliente. La Constitución prevé que el Ejecutivo presente objeciones presidenciales a los proyectos dentro de los seis días hábiles siguientes a su recepción.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene dos lecturas. La primera, una promesa de estabilidad tributaria en lo que resta del año, al menos en lo que dependa de la voluntad del nuevo Gobierno. La segunda, la incertidumbre sobre cómo se financiarán los programas sociales, el funcionamiento del Estado y el servicio de la deuda si se descartan los recursos que la reforma buscaba obtener.
En el sector privado, el rechazo frontal del próximo presidente a un aumento de impuestos suele leerse como una señal favorable para la inversión y la planeación empresarial, pero también como un llamado a resolver el déficit por la vía del gasto. Analistas consultados en otras oportunidades han recordado que, en los últimos años, Colombia ha sostenido una presión tributaria por debajo del promedio de la OCDE y que ampliar la base sin subir tarifas ha sido el camino más usado por los Gobiernos recientes.
La oposición y los defensores del proyecto saliente reaccionaron con preocupación a las declaraciones de De La Espriella. Sectores que piden más recursos para salud, pensiones y educación advirtieron que descartar la reforma puede profundizar el desfinanciamiento de políticas públicas, mientras que gremios económicos celebraron el compromiso de no elevar la carga tributaria. El debate queda instalado en la opinión pública y promete copar las primeras semanas de la nueva administración.
Por ahora, la definición del rumbo fiscal dependerá de tres factores: la velocidad con la que el Congreso tramite el proyecto en lo que queda del actual período legislativo, las decisiones que tome el nuevo gabinete económico y la consistencia que mantenga De La Espriella con su anuncio una vez se siente en la Casa de Nariño. La promesa, en cualquier caso, ya quedó registrada y se convirtió en una vara con la que la ciudadanía medirá al nuevo Gobierno.