Según El Colombiano, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfoca su estrategia antinarcóticos en dos enclaves territoriales: uno en Nariño, en el sur del país, y otro en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En ambas zonas funcionan laboratorios, rutas de salida y redes de comercialización que alimentan el negocio de la cocaína.
Nariño concentra hace años la mayor hoja de coca del país y sirve como punto de embarque hacia el Pacífico. Allí conviven disidencias de las extintas FARC, grupos locales y bandas dedicadas al procesamiento de pasta base. El terreno selvático y la dispersión de los cultivos dificultan la presencia estatal.
Norte de Santander, por su parte, es un corredor clave para mover droga hacia Venezuela y de ahí a Centroamérica y el Caribe. El Catatumbo, zona rural de ese departamento, ha sido escenario de disputas entre el ELN, disidencias y grupos paramilitares que se financian con el narcotráfico.
La estrategia anunciada por el nuevo gobierno contempla el despliegue de operativos de fuerza pública en estos puntos. El objetivo, según la información publicada por El Colombiano, es afectar la capacidad de producción, procesamiento y transporte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La decisión llega en un momento sensible para las Fuerzas Militares y la Policía, que han asumido buena parte del peso de la lucha contra el crimen organizado. Las tropas en terreno dependen de inteligencia, logística y articulación con la Fiscalía para sostener los resultados en el tiempo.
Para los habitantes de estos departamentos, el avance o el fracaso de la estrategia se traduce en hechos concretos: seguridad en las vías, presencia institucional en zonas rurales y opciones distintas al cultivo de coca. Las economías locales suelen depender de la cadena del narcotráfico, lo que hace más compleja cualquier intervención.
El gobierno también deberá coordinar con autoridades locales y con cooperación internacional, dado que parte de la droga sale por puertos del Pacífico y cruza varias fronteras. Sin articulación, los golpes a un eslabón de la cadena suelen ser reemplazados con rapidez por las organizaciones.
Por ahora, el plan apenas comienza y no hay detalles públicos sobre el calendario ni el tamaño del despliegue. Lo que queda claro es que Nariño y Norte de Santander encabezan la lista de prioridades de la nueva administración en materia de narcotráfico.
El reto, como en pasadas estrategias, será sostener la operación más allá de los primeros golpes y traducirla en mejoras visibles para las comunidades que viven bajo la sombra de los grupos armados.