Un grupo de exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 descartó la posibilidad de abandonar Colombia con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. La afirmación busca desmontar los rumores que circularon en las últimas semanas sobre un eventual exilio de líderes del proceso de reincorporación, según reportó Infobae.
El pronunciamiento se produce en un momento sensible para el proceso de paz. Desde la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las entonces FARC, más de 13.000 personas dejaron las armas y avanzaron en un proceso de reincorporación política, social y económica. Cualquier cambio de gobierno reabre el debate sobre la continuidad de los compromisos adquiridos.
Los firmantes sostienen que su decisión de quedarse en el país se sostiene en tres ejes: la defensa de lo pactado, la continuidad de los proyectos productivos y el compromiso con las comunidades de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, insisten en que la reconciliación sigue siendo una tarea pendiente.
El contexto institucional añade otra capa. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el mismo acuerdo, avanza en macrocasos sobre secuestros, reclutamiento forzado y violencia en el conflicto. La Comisión de la Verdad entregó su informe final en 2022 con recomendaciones que siguen en proceso de implementación, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas continúa con la localización de restos en todo el territorio.
A nivel político, la llegada de un nuevo presidente genera expectativas en todos los sectores. Sectores cercanos al proceso de paz han pedido mantener los compromisos, mientras que voces de la seguridad insisten en revisar puntos del acuerdo. La postura de los exguerrilleros apunta a fijar posición antes de que arranque el nuevo Gobierno.
Las reacciones internacionales también son un factor. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presente desde 2017, acompaña el cumplimiento de lo pactado, y países garantes como Noruega y Cuba siguen atentos a la situación de los firmantes. Un eventual desplazamiento masivo tendría repercusiones diplomáticas y en la cooperación internacional.
Para la ciudadanía, el debate toca fibras más amplias. El acuerdo de paz cambió la vida de millones de habitantes de zonas históricamente afectadas por el conflicto. La permanencia o no de los firmantes en los territorios es vista como una señal de estabilidad para comunidades que esperan que los proyectos sustituyan de forma efectiva las economías ilegales.
En lo inmediato, los firmantes llaman al diálogo con el nuevo Ejecutivo. Piden reuniones para exponer los avances del proceso y los riesgos que enfrenta la reincorporación. El Gobierno de De la Espriella, por su parte, aún no ha fijado una postura pública detallada sobre los puntos más sensibles del acuerdo, según la información disponible.
Quedan varias tareas en el aire. Falta que el nuevo gobierno defina su política frente a la JEP, la suerte de los proyectos productivos colectivos y el futuro de la seguridad en los antiguos espacios territoriales. La posición de los exguerrilleros, al menos por ahora, es que piensan quedarse y defender lo firmado.
La fuente consultada es Infobae, medio que publicó las declaraciones de los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.