El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos. La iniciativa ahora debe surtir su trámite en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado, encargadas de estudiar la iniciativa. El texto llegó con mensaje de urgencia, según el reporte de Infobae.
El debate político se concentra en tres ejes señalados por la fuente. El primero es el origen del aumento: cuánto del crecimiento corresponde a nuevas fuentes de ingreso y cuánto a deuda pública. El segundo es el nivel de endeudamiento que contempla el marco fiscal de mediano plazo. El tercero son los recortes sectoriales que plantea el Ejecutivo con el propósito de corregir las cuentas públicas y cumplir las metas de la regla fiscal.
Varios partidos políticos han expresado reparos sobre el monto total y sobre la distribución de los recursos entre sectores. La oposición y partidos independientes han pedido mayor transparencia sobre las partidas de inversión y funcionamiento. También han solicitado desgloses detallados por ministerio y por entidad descentralizada antes de votar el articulado.
En Colombia, el proceso presupuestal sigue un calendario constitucional que arranca con la radicación del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda, continúa con debates en comisiones y plenarias, y culmina con la conciliación y sanción presidencial antes del cierre legislativo. Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 1 de enero, el gobierno puede expedirlo mediante decreto con base en las partidas aprobadas el año anterior.
La composición del presupuesto incluye tres grandes bloques: funcionamiento, deuda e inversión. Funcionamiento cubre nóminas, pensiones y gastos de operación del Estado. El servicio de la deuda absorbe una parte creciente cada año. La inversión agrupa proyectos de infraestructura, programas sociales y transferencias a regiones. El reparto entre estos tres componentes define la prioridad política del cuatrienio.
El contexto fiscal es determinante para entender las resistencias. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal superior al observado al inicio de la administración anterior, según datos del Ministerio de Hacienda. La calificadora de riesgo Fitch redujo la nota soberana del país por el deterioro de las cuentas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece metas de déficit anuales que el presupuesto debe reflejar.
El gobierno defiende que el presupuesto es compatible con la regla fiscal y con el marco de gasto de mediano plazo. Argumenta que los recortes se concentran en gastos no prioritarios y que la inversión social se mantiene. Los críticos sostienen que la tijera recae sobre sectores sensibles como salud y educación, mientras crecen rubros de seguridad y servicio de la deuda.
Para la ciudadanía, el resultado del debate presupuestal define la disponibilidad de recursos en regiones, hospitales públicos, escuelas, programas sociales y proyectos de infraestructura vial. Las transferencias a municipios y departamentos dependen de los porcentajes aprobados en el articulado. Las modificaciones que introduzcan las comisiones pueden alterar esas partidas en miles de millones de pesos.
Quedan pendientes las audiencias de ponentes, las sesiones de mociones de censura presupuestal y la votación en plenarias. El gobierno puede retirar el mensaje de urgencia para negociar de manera más flexible. Si se aprueba antes del 30 de noviembre, se evita la presión del cierre legislativo. Si no, el decreto de garantías programadas puede entrar en vigor el 1 de enero.