El próximo período presidencial, que encabezará Abelardo de la Espriella, arrancará con un sistema de salud bajo presión. La revista Cambio señaló que la administración entrante recibirá una red de prestadores y aseguradoras con problemas financieros, dificultades en la entrega de medicamentos e intervenciones administrativas en curso contra varias EPS.
Las EPS, que son las Entidades Promotoras de Salud y cumplen el papel de asegurar y gestionar la atención de los afiliados, han sido intervenidas por la Superintendencia de Salud cuando se detectan riesgos en la prestación del servicio o en el manejo de los recursos. Esa figura se ha vuelto recurrente en los últimos años y deja a millones de usuarios bajo la tutela directa del Estado.
A esa situación se suman los reportes sobre fallas en la entrega de medicamentos, un problema que toca directamente a los pacientes con tratamientos crónicos, de alto costo o de uso controlado. Cuando una EPS intervenida deja de dispensar fórmulas, los usuarios quedan a merced de tutelas, reclamos y demoras que pueden agravar su condición.
El componente financiero es quizá el más determinante. Las deudas entre EPS, hospitales y proveedores llevan años acumulándose. Varias clínicas y centros especializados han advertido que esa cartera morosa pone en riesgo su operación, lo que a la larga termina afectando la atención de los ciudadanos.
Colombia tiene un sistema de salud de cobertura universal, basado en la Ley 100 de 1991 y sus reformas posteriores, donde los recursos públicos se canalizan a través de las EPS para pagar a los prestadores. Esa arquitectura ha permitido ampliar el aseguramiento, pero también ha generado cuellos de botella cuando las aseguradoras atraviesan crisis de liquidez o son intervenidas.
Sobre ese escenario reaparece el debate de una nueva reforma a la salud. Sectores políticos y académicos han planteado ideas que van desde cambios en el flujo de recursos hasta la eliminación de las intermediaciones financieras. Otros defienden el modelo actual y piden fortalecer la inspección, la vigilancia y el control.
Para la ciudadanía, el impacto es concreto: largas esperas para citas especializadas, dificultades para acceder a medicamentos, incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos y una carga adicional para quienes deben interponer acciones judiciales para garantizar su derecho a la salud.
El próximo gobierno deberá decidir si impulsa una reforma estructural, si opta por ajustes parciales o si se concentra en sanear las finanzas del sistema. Lo que sí parece claro, según el panorama descrito por Cambio, es que la presión sobre el sector salud será uno de los frentes más sensibles de la nueva administración.