El próximo 7 de agosto Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia en reemplazo del gobierno de Gustavo Petro, y lo hará, según Infobae, con un desequilibrio de las cuentas públicas cercano a 130 billones de pesos. La cifra coloca al nuevo Ejecutivo frente a uno de los ajustes fiscales más exigentes de los últimos años.
El espacio fiscal se estrechó porque el servicio de la deuda gana terreno dentro del presupuesto. Infobae reseña que los intereses de la deuda consumen ya cerca de un tercio del recaudo tributario, un umbral que limita la capacidad del Estado para financiar inversión social, infraestructura y funcionamiento sin recurrir a más crédito.
Dos voces del sector financiero y académico ya plantearon la ruta. Anif, el centro de estudios económicos, y el Banco de Bogotá coincidieron en la necesidad de recortar gastos para reducir el déficit, una fórmula que suele pasar por revisar transferencias, subsidios y la planta de personal del Estado, entre otros rubros.
El panorama empresarial también pesa en la herencia. Ecopetrol, la petrolera estatal y principal fuente de ingresos por dividendos para la Nación, aparece en el inventario de pendientes. Su situación financiera incide directamente en las arcas públicas, porque cada peso que deja de transferir se nota en el resultado fiscal.
El traspaso ocurre en un contexto de menor crecimiento y de presiones inflacionarias que aún no ceden del todo. Para los hogares, un déficit elevado suele traducirse en menor inversión en salud, educación y vías, y en la necesidad deeventuales nuevos tributos o alzas en los existentes, dos caminos que el nuevo gobierno deberá sopesar.
En el frente institucional, la transición coincide con la presentación y aprobación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la herramienta con la que el Ministerio de Hacienda define las metas de deuda, déficit y gasto para los años siguientes. Ese documento será la primera prueba de fuego del equipo económico entrante.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Sectores que apoyan al gobierno electo piden priorizar el gasto social y proteger los programas en curso, mientras voces del sector privado insisten en una reforma tributaria que baje la evasión y amplíe la base, sin aumentar las tarifas vigentes.
Quedan tareas inmediatas sobre la mesa: definir el nuevo gabinete económico, decidir si se tramita una reforma tributaria en el Congreso que arranca sesiones, y evaluar el plan de alivio a Ecopetrol que el gobierno saliente dejó en discusión. Cada decisión marcará el tono del cuatrienio que comienza el 7 de agosto.
En resumen, la nueva administración hereda una economía con déficit alto, deuda cara y una empresa estatal golpeada. El menú de salida que sugieren Anif y el Banco de Bogotá apunta a menos gasto y más eficiencia. El presidente De la Espriella deberá elegir entre esos caminos y los que plantee su propio equipo, en un debate que se dará principalmente en el Congreso.
