La desclasificación de 15 kilómetros de documentos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) quedó en manos del Gobierno que preside Abelardo de la Espriella, según publicó El País. El acervo documental contiene registros sobre magnicidios, interceptaciones ilegales y abusos de la inteligencia del Estado colombiano.
El DAS funcionó durante décadas como el principal organismo de inteligencia civil del país. Tras una serie de escándalos por espionaje a periodistas, políticos, sindicalistas y miembros de la oposición, la entidad fue liquidada en 2011 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 4057 de ese año. La transición dejó un volumen enorme de archivos físicos y digitales que no fueron plenamente clasificados ni entregados a la ciudadanía.
El acervo pendiente, equivalente a 15 kilómetros lineales de documentos, permaneció almacenado y bajo reserva durante los años posteriores a la liquidación. Organizaciones de víctimas y de derechos humanos han reclamado en varias oportunidades el acceso a esos papeles, en especial los referidos a seguimientos, chuzadas y presuntas operaciones irregulares.
La decisión sobre su desclasificación recae ahora en el nuevo Gobierno, que debe evaluar qué documentos pueden hacerse públicos sin afectar la seguridad nacional, las investigaciones en curso o los datos personales de los mencionados en los archivos. El proceso implica un trabajo técnico de revisión previa antes de abrir el material al escrutinio público.
Entre los hechos potencialmente documentados en esos archivos están episodios ligados a magnicidios de figuras públicas y a operaciones de inteligencia que posteriormente fueron judicializadas. La Corte Suprema, la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han conocido distintos expedientes derivados del accionar del DAS.
Para los familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, la apertura de los archivos representa una oportunidad de acceso a la verdad sobre hechos que llevan décadas sin esclarecerse plenamente. Argumentan que la reserva prolongada impide reconstruir responsabilidades y reparar a los afectados.
Desde el punto de vista institucional, el acervo también interesa a la academia, a periodistas de investigación y a entidades de control como la Contraloría y la Procuraduría. Investigadores han señalado en reiteradas ocasiones que existen documentos del DAS sin destino claro, almacenados en bodegas o archivos institucionales sin un plan de conservación adecuado.
El Gobierno deberá definir criterios claros para la desclasificación, los plazos del proceso y la entidad responsable de ejecutarlo. Esa definición marcará la pauta sobre cuánto del archivo histórico del DAS podrá ser conocido por la sociedad colombiana en los próximos años.