Según el borrador conocido por Minuto60, la medida obligaría a que los vehículos nuevos destinados al servicio de taxi operen con motorización eléctrica. La idea es fijar esa exigencia para las nuevas vinculaciones al servicio, mientras se define el tratamiento de los vehículos de combustión que ya prestan el servicio.
El taxi es uno de los modos de transporte público individual más usados en Colombia, presente en todas las ciudades capitales y en la mayoría de municipios intermedios. Históricamente ha funcionado con vehículos a gasolina y, más recientemente, a gas natural vehicular. Una migración obligatoria a eléctrico implicaría cambios en la forma de adquisición de los vehículos, en los costos de operación para los propietarios y en la infraestructura de carga.
La propuesta llega en un contexto en el que varias ciudades del país vienen adelantado programas para incorporar buses y taxis eléctricos, apoyados en recursos del orden nacional y cooperación internacional. Bogotá, Medellín y Cali han sido pioneras en la renovación de flotas de transporte masivo con buses eléctricos, aunque la penetración en el segmento de taxis ha sido más lenta.
Para los propietarios de taxis, el cambio de tecnología suele representar un punto sensible por la inversión inicial del vehículo, la vida útil de las baterías y la disponibilidad de puntos de carga. Si el decreto avanza, el Gobierno tendría que definir plazos de transición, esquemas de financiación o chatarrización y reglas claras para los conductores que hoy dependen de vehículos a combustión.
En materia ambiental, la medida apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación local por material particulado, que en ciudades como Bogotá y Medellín supera con frecuencia los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El taxi contribuye a esas emisiones por su alta rotación de kilómetros en zonas urbanas congestionadas.
Otro elemento en discusión es el impacto sobre los usuarios. La electrificación de flotas suele ir acompañada de una promesa de menor costo por kilómetro recorrido en energía, pero también de incertidumbres sobre tarifas, tiempos de carga y disponibilidad del servicio, en particular en horas pico.
El borrador también incluye otros cambios regulatorios para el sector, aunque el reporte de Minuto60 no detalla cada uno de esos ajustes. La práctica habitual en este tipo de decretos es que el texto pase por revisión del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Ambiente y de las autoridades locales, antes de su expedición y posterior implementación.
Quedan pendientes varios puntos por definir: los plazos de entrada en vigencia, si habrá excepciones por tamaño de municipio, los mecanismos de financiación para la renovación de vehículos y la articulación con los planes de movilidad de cada ciudad. La discusión entre gremios de taxistas, autoridades locales y el Gobierno central será clave para el desenlace de la iniciativa.