Según Infobae, un abogado cercano al Pacto Histórico interpuso un derecho de petición dirigido al gobierno electo de Abelardo de la Espriella. El propósito del recurso es obtener los soportes documentales que justifiquen los 60 millones de dólares que, según la versión difundida, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó como donación para el empalme con la administración saliente.
La solicitud se apoya en la figura del derecho de petición, un instrumento previsto en la legislación colombiana que obliga a las autoridades y, en ciertos casos, a particulares que cumplen funciones públicas, a responder de fondo sobre la información solicitada dentro de los plazos legales. Con esta jugada jurídica, el peticionario busca que la entrega de los papeles no quede en la esfera discrecional del nuevo gobierno.
La noticia divulgada por Infobae describe la situación como una crisis para el gobierno entrante, en la medida en que la cifra y el origen de los recursos quedaron expuestos al debate público sin que hasta ahora se hayan publicado los documentos que los respalden. En ese contexto, la petición se convierte en una vía formal para esclarecer el origen, la destinación y la trazabilidad de esos dineros.
El Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los organismos multilaterales con presencia activa en Colombia y suele canalizar cooperación técnica y financiera a través de operaciones con el Estado colombiano o con entidades territoriales. Cualquier giro de esa naturaleza, según la práctica institucional, requiere convenios, actas y memorandos que documenten el propósito de los fondos y las condiciones de su uso.
De allí que la exigencia de pruebas documentales no se limite a la cuantía. El derecho de petición, según la lectura del solicitante, apunta a verificar si los recursos efectivamente fueron donados, bajo qué figura jurídica se entregaron y si existen restricciones o compromisos de ejecución asociados al proceso de empalme entre el gobierno saliente y el equipo de De la Espriella.
El empalme entre administraciones es una etapa clave de la transición presidencial en Colombia. En ese periodo se entregan balances de ministerios, entidades descentralizadas y proyectos en marcha, y se definen los equipos que recibirán la información. Cualquier apoyo financiero externo destinado a esa fase queda sometido, por principio, al control ciudadano y al escrutinio de los órganos de vigilancia del Estado.
La solicitud del abogado del Pacto Político introduce un componente político adicional. El Pacto Histórico fue la fuerza política que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, por lo que el uso del derecho de petición en este caso ocurre en un escenario de competencia entre proyectos políticos distintos. La herramienta legal, sin embargo, se presenta como un mecanismo ciudadano de información y no como un pronunciamiento sobre la legitimidad del gobierno electo.
Para los ciudadanos, la consecuencia práctica es que la transparencia sobre los recursos externos que reciba el próximo gobierno queda en el centro del debate. Si la petición prospera, la ciudadanía podrá conocer con detalle el convenio, las condiciones y el destino de los 60 millones de dólares. Si no prospera, el caso quedará en manos de las instancias judiciales competentes para resolver el alcance del derecho de petición frente a un gobierno que aún no ha asumido funciones.
Por ahora, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella no ha emitido una respuesta pública sobre la existencia o el contenido de los documentos solicitados. Queda por ver si la administración entrante opta por entregar los soportes de manera voluntaria, si responde por canales formales al derecho de petición o si el asunto termina en litigio ante la jurisdicción contencioso-administrativa.