El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció desde Santa Marta sobre el asesinato de Mi y aseguró que su Gobierno buscará hasta dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. La declaración la entregó en un acto público en la capital del Magdalena, según registró El Informador.
El jefe de Estado utilizó una frase directa al dirigirse a los responsables: “Los voy a cazar uno a uno”, una expresión que recoge el tono con el que el Gobierno ha enmarcado su política de seguridad frente a hechos de alto impacto. La promesa se conoce en un momento de atención nacional sobre los índices de criminalidad en ciudades del Caribe colombiano.
Santa Marta, donde ocurrió el hecho, ha sido escenario de episodios violentos que han puesto en debate la capacidad institucional para esclarecerlos. El crimen reavivó el reclamo de las víctimas por avances en las investigaciones y por la articulación entre la Fiscalía, la Policía y la Rama Judicial.
De La Espriella también cuestionó las actuaciones del Gobierno anterior en el manejo de este y otros casos similares. Según el extracto, el presidente sostuvo que las decisiones de la administración previa no avanzaron en el esclarecimiento, aunque no entregó detalles adicionales sobre los hechos que reprocha.
La figura de Mi, cuya muerte es el centro del anuncio, ha tenido relevancia pública y su asesinato generó reacciones en redes sociales, en el ámbito político y en organizaciones de derechos humanos que pidieron celeridad en la investigación. El caso se suma a otros expedientes sensibles que la Fiscalía venía tramitando.
Para los ciudadanos, la declaración presidencial abre expectativas sobre el rumbo de la investigación y sobre el tipo de herramientas que el Ejecutivo pondrá a disposición de los organismos de seguridad. Voceros de víctimas suelen recordar que los anuncios políticos deben traducirse en resultados judiciales verificables.
En el plano institucional, la promesa de “cazar uno a uno” a los responsables se conecta con la estrategia de seguridad que el Gobierno ha venido comunicando desde su posesión, enfocada en perseguir a estructuras criminales y en fortalecer la inteligencia policial. La diferencia, según analistas consultados en otras ocasiones, está en la coordinación con la Fiscalía y los jueces de garantías.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado qué funcionarios liderarán el seguimiento del caso ni si habrá recompensa por información. La ciudadanía de Santa Marta y del país espera que las próximas semanas traigan avances concretos en la identificación de los responsables y en su judicialización.
El pronunciamiento deja en evidencia la presión que enfrenta la administración en materia de orden público. La oposición, en paralelo, ha pedido que se respeten las competencias de la Fiscalía y que no se politicen las investigaciones penales en curso.