El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que el jefe de Estado lanzara una advertencia a gobernadores y alcaldes sobre la posibilidad de mantener negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con grupos armados al margen de la ley. La réplica del mandatario nariñense se produjo después de que la declaración presidencial abriera un debate nacional sobre los límites de la gestión territorial frente al conflicto armado.
Según la publicación de HSB Noticias, Escobar defendió el ejercicio de la paz territorial en Nariño, una estrategia que en Colombia se asocia con el diálogo entre autoridades locales y comunidades en zonas afectadas por la presencia de grupos armados. La respuesta pone de relieve la diferencia entre los acercamientos formales que suelen coordinar los mandatarios locales con la fuerza pública y los acuerdos directos que la ley prohíbe.
La advertencia del presidente de la Espriella se dirigió a gobernaciones y alcaldías, y recordó que cualquier contacto con organizaciones al margen de la ley debe ceñirse a los protocolos del Gobierno nacional. El mensaje buscó unificar criterios y evitar que funcionarios elegidos por voto popular actúen por fuera del marco institucional.
Nariño es uno de los departamentos más sensibles del país en materia de seguridad, con presencia histórica de grupos armados y disputas por economías ilegales. En ese contexto, la relación entre el Ejecutivo nacional y la administración departamental resulta determinante para la protección de la población civil y para la coordinación de operativos.
La postura del gobernador Escobar abre una discusión sobre el alcance del liderazgo territorial. Los defensores de la paz territorial argumentan que las autoridades locales conocen de primera mano las dinámicas del conflicto y pueden abrir caminos de diálogo que la institucionalidad central no logra. Los críticos sostienen que tales acercamientos deben pasar por el filtro del Estado para evitar legitimar a estructuras criminales.
El cruce de declaraciones ocurre en un momento en el que el Gobierno nacional busca estandarizar el manejo político de la seguridad, y deja en evidencia la tensión entre la autonomía regional y la línea presidencial. Para los ciudadanos, el desenlace de ese pulso institucional puede traducirse en diferencias operativas sobre cómo se atienden las alertas de violencia en los municipios.
La intervención de HSB Noticias también recoge que el gobernador expuso argumentos concretos sobre la labor que Nariño ha desarrollado en favor de las comunidades. Con esa base, pidió al Gobierno nacional diferenciar entre los diálogos institucionales y cualquier gestión irregular, sin desconocer la alerta presidencial sobre los contactos clandestinos.
Queda por verse si la respuesta del gobernador nariñense motivará un pronunciamiento adicional del presidente Abelardo de la Espriella o si la controversia se resolverá en reuniones bilaterales entre la Casa de Nariño y la administración departamental. Mientras tanto, el debate sobre la paz territorial seguirá instalado en la opinión pública y en las agendas legislativas vinculadas al orden público.