La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, lanzó una crítica directa al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por la eliminación de varias consejerías. Según la congresista, la decisión apunta a desmontar la arquitectura institucional creada para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc.
Carrascal sostuvo que la implementación del Acuerdo no es una política de gobierno que pueda modificarse a discreción de cada administración. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, la representante afirmó que se trata de una obligación del Estado colombiano, derivada de un compromiso firmado y avalado por distintas instancias.
La congresista rechazó que la supresión de estos organismos se justifique como una medida de austeridad fiscal. Argumentó que, por el contrario, la decisión tiene un propósito político: debilitar las instancias responsables de acompañar los procesos de reincorporación, atención a víctimas y diálogo territorial.
La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación fue una de las entidades creadas tras la firma del Acuerdo de Paz. Su tarea central ha sido coordinar las acciones del Estado con los excombatientes, las comunidades afectadas y los territorios donde operan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
También forman parte de esa estructura la Consejería para los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, entre otros espacios institucionales. Estos organismos tienen a su cargo el seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de víctimas, participación política y garantías de seguridad para excombatientes y líderes sociales.
La eliminación de estas dependencias administrativas se enmarca en una reorganización más amplia del gabinete nacional. Gobiernos anteriores también han modificado la estructura de las consejerías, aunque las transformaciones suelen generar debate sobre el alcance real del compromiso estatal con la implementación.
Para la oposición, en cabeza del Pacto Histórico, el anuncio es una señal de regresión en la política de paz. Sectores afines al gobierno han defendido los ajustes como parte de un plan de racionalización del gasto y de simplificación de la estructura estatal, una postura que rechazan voces como la de Carrascal.
La discusión llega en un momento sensible para los procesos de reincorporación en varias regiones del país. Las organizaciones que agrupan a excombatientes y las plataformas de víctimas han insistido en que los cambios institucionales no deben traducirse en un vacío de coordinación ni en la pérdida de recursos destinados a los territorios.
Por ahora, el pronunciamiento de Carrascal se suma a una serie de alertas que vienen expresando distintas bancadas y organizaciones sociales. Queda por verse cómo el gobierno nacional sustenta oficialmente la decisión, qué dependencias conserva funciones equivalentes y de qué manera se garantiza la continuidad de los compromisos pactados.