Según un memorándum al que tuvo acceso el diario The New York Times y que reproduce El País, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio la instrucción de detener al activista colombiano conocido como Beto Coral. La medida se adoptó bajo el argumento de que la permanencia del influencer en territorio estadounidense socavaba los intereses de Washington.
Beto Coral es un creador de contenido y activista político colombiano que ganó amplia visibilidad en redes sociales por su postura contraria a Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia. Sus transmisiones en vivo y publicaciones durante las jornadas de protesta y debate electoral de los últimos años lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del activismo digital de oposición en el país.
La orden firmada por Rubio se inscribe en el marco de las facultades migratorias del Departamento de Estado, que permite solicitar la detención y eventual expulsión de ciudadanos extranjeros considerados contrarios a los intereses de Estados Unidos. El memorándum no detalla en qué fecha exacta se emitió ni el estado procesal actual del activista.
Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia tras una campaña en la que el activismo digital jugó un papel protagónico. Varios de los críticos más vocales del entonces candidato, entre ellos Beto Coral, denunciaron durante 2024 y 2025 lo que consideraban riesgos para la libertad de expresión y para el derecho a la protesta en el país.
El episodio reabre el debate sobre la relación entre el gobierno colombiano y las plataformas digitales, y sobre el alcance de las decisiones de política exterior de Estados Unidos cuando estas involucran a ciudadanos colombianos residentes en ese país. Sectores políticos en Colombia han pedido aclaraciones oficiales sobre las gestiones diplomáticas que pudieron rodear el caso.
Hasta el momento, ni la cancillería colombiana ni la presidencia de la República han emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del memorándum difundido por la prensa internacional. La ausencia de declaración pública contrasta con la expectativa generada por la difusión de la noticia.
Organizaciones de derechos humanos y periodistas consultados por medios internacionales recordaron que cualquier procedimiento de este tipo debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Pidieron que se conozca el expediente completo antes de evaluar la procedencia de la orden.
El caso se suma a una serie de decisiones de la administración estadounidense que han involucrado a figuras políticas y activistas latinoamericanos, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y de mayor coordinación entre el Departamento de Estado y las agencias migratorias.
Queda por esclarecer si el gobierno colombiano solicitará información oficial sobre la situación de Beto Coral, si habrá pronunciamiento de la Casa de Nariño y si el activista se pronunciará públicamente en las próximas horas. La atención se centra ahora en las reacciones de la Cancillería y de los organismos de control.