La representante a la Cámara María del Mar Pizarro afirmó que el decreto expedido por el presidente Abelardo de la Espriella, tras el temblor del 10 de agosto, contempla la construcción de infraestructura penitenciaria de mayor capacidad. Según dijo, esa inclusión no corresponde al propósito de atender a los damnificados por el sismo.
En su denuncia, la congresista sostuvo que el artículo en cuestión permitiría usar recursos del presupuesto ordinario, una decisión que, en su criterio, desvía el foco del decreto. Pizarro pidió que esos dineros se dirijan a la reconstrucción y a la asistencia de las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.
El temblor del 10 de agosto provocó afectaciones en varias zonas del país y llevó al Gobierno a expedir medidas de atención inmediata. Las primeras acciones se concentraron en la evaluación de daños, la atención de emergencia y la disposición de recursos para los hogares damnificados.
La representante añadió que el decreto fija metas de financiación con el presupuesto ordinario, lo que implica comprometer recursos que otras dependencias esperaban para sus propios planes. Esa parte, según Pizarro, fue incluida sin el debate necesario en el Congreso.
El término “mico”, de uso frecuente en el lenguaje político colombiano, alude a un artículo o disposición que se introduce en un texto normativo sin un debate amplio, muchas veces al momento de la votación final. Su detección suele generar controversias entre bancadas, pues cambia el alcance original de la iniciativa.
Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre la denuncia de Pizarro ni entregó un detalle de las obras contempladas en el decreto. La representante tampoco entregó documentos que respalden su interpretación del articulado, según lo consignado por Infobae.
La controversia abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y sectores del Congreso, en medio de la atención de una emergencia nacional. Organizaciones de víctimas y autoridades locales están a la espera de que se aclaren los alcances del decreto y la destinación efectiva de los recursos.
El caso queda en manos del Congreso y de la opinión pública, que ahora siguen de cerca el debate sobre el uso de los fondos aprobados para la reconstrucción. La definición del alcance final del decreto será determinante para la atención de los damnificados y para el rumbo de la política penitenciaria del gobierno de Abelardo de la Espriella.