La exsenadora y figura de la oposición María Fernanda Cabal salió al cruce de las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a la transmisión de mando del próximo 7 de agosto de 2026. Cabal recordó el texto constitucional y sostuvo que el actual jefe de Estado no tiene herramienta legal para impedir que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de la República, según informó Infobae.
El cruce verbal se originó a partir de la versión, difundida en medios, de que Petro habría expresado su negativa a que la ceremonia de posesión se realice en una guarnición militar. Cabal respondió con dureza y afirmó que el presidente saliente 'invoca la Constitución, pero jamás la ha leído', una frase que resume la discrepancia pública entre ambos sectores.
El artículo 189 de la Constitución establece que corresponde al presidente de la República posesionar a su sucesor, aunque la norma también prevé la figura del vicepresidente para suplir esa función si el saliente no puede hacerlo. En cualquier caso, la fecha de inicio del nuevo mandato está fijada por la propia Carta y no puede ser alterada por decisión unilateral del Gobierno que termina.
La discusión se enmarca en un ambiente político crispado. La campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño se dio en un contexto de alta polarización, y desde distintos sectores se habían expresado dudas sobre las condiciones en que se daría la transición. El debate sobre el lugar de la posesión no es menor: las guarniciones militares han sido usadas históricamente para actos solemnes, pero también concentran simbolismo sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil.
Para los ciudadanos, el punto central del debate es la certidumbre institucional. La Ley 5ª de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han reiterado que la transmisión de mando es un acto reglado y que su incumplimiento generaría un vacío de poder con consecuencias graves para el funcionamiento del Estado, incluidos el pago de nóminas, la firma de decretos y la representación internacional del país.
Desde la oposición, distintos voceros han coincidido en que cualquier intento de obstruir la posesión configuraría una violación al orden constitucional. La bancada que apoyó a De la Espriella ha pedido, incluso, que se conforme una comisión de seguimiento para garantizar que el 7 de agosto el nuevo presidente pueda asumir sin contratiempos, sin que hasta el momento se haya reportado una decisión oficial en ese sentido.
El Gobierno nacional no se ha pronunciado de manera formal sobre el alcance de las declaraciones atribuidas a Petro. En otras ocasiones, funcionarios del Ejecutivo han defendido que las ceremonias de transmisión de mando se realizan en el Capitolio Nacional, sede habitual de estos actos desde la expedición de la Constitución de 1991, sin que ello suponga margen para modificar la fecha constitucional.
En lo que resta del calendario, la atención se centra en la organización logística del acto del 7 de agosto y en la publicación de los decretos de transición. La Registraduría, el Ministerio del Interior y la Casa Militar trabajan, según fuentes citadas por Infobae, en los protocolos de seguridad y en la lista de invitados, que suele incluir a jefes de Estado de la región y representantes de organismos multilaterales.
Por ahora, la frase de Cabal volvió a poner en el debate público el contraste entre la lectura del texto constitucional que hace el Gobierno y la que hacen los sectores que cuestionan al actual Ejecutivo. Para los analistas, más allá de la disputa retórica, lo que está en juego es la continuidad del orden institucional y el cumplimiento de los plazos que la propia Carta consagra para el relevo presidencial en Colombia.