La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más visibles del uribismo en el Congreso, manifestó su respaldo al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Camilo Cabezas, después de que se conocieran cuestionamientos por su trayectoria durante el gobierno saliente de Gustavo Petro. Cabezas había sido designado en ese cargo en el tramo final del mandato anterior, lo que abrió una nueva controversia en el sector agropecuario del país.
En un mensaje público, la congresista rechazó que se pueda calificar a Cabezas como "petrista" por el simple hecho de haber ocupado un cargo en la administración que termina el 7 de agosto. Según Cabal, la trayectoria profesional del exfuncionario y su postura sobre la propiedad privada lo alejan de ese sector político y lo acercan a las defensas del ordenamiento territorial que impulsa el uribismo.
El debate se da en medio de una ofensiva de sectores del uribismo y otras voces de la derecha colombiana que han reclamado la salida o el retiro de funcionarios que ejercieron cargos en el gobierno de Gustavo Petro. Las solicitudes de remoción apuntan a personas que, según estos sectores, impulsaron políticas contrarias a la seguridad jurídica sobre la tierra o que respaldaron la implementación de los acuerdos de Paz con las FARC.
La Agencia Nacional de Tierras es la entidad encargada de administrar, adquirir y adjudicar predios rurales, así como de resolver conflictos de tenencia. Su dirección es clave para el sector agropecuario, pues define la forma en que el Estado tramita la formalización y la restitución de tierras. Por eso la decisión sobre quién ocupe ese cargo en el nuevo gobierno es vista como una señal sobre la orientación que tendrá la política de tierras.
El perfil de Cabezas es conocido en el sector. Su paso por la ANT en el gobierno Petro fue breve y ocurrió en medio del relevo de varias directivas de entidades del agro, que durante el cuatrienio pasado tuvieron una alta rotación. Sectores productivos del campo han expresado preocupación por la continuidad de funcionarios que, según ellos, ejecutaron políticas contrarias a los intereses de los gremios.
Cabal pidió que los señalamientos contra Cabezas se aclaren con argumentos y no con etiquetas políticas. Insistió en que no se puede descalificar a un funcionario solo por haber servido en una administración anterior, y reclamó coherencia a quienes lo cuestionan. La defensa se inscribe en la disputa interna que vive la derecha por la ocupación de cargos en entidades como la ANT, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural.
Para los productores agrícolas, el pulso por la dirección de la Agencia Nacional de Tierras es determinante. El manejo de baldíos, la formalización y la atención a los campesinos son tareas que se han visto afectadas por la falta de continuidad en las directivas. Una nueva remoción o permanencia de Cabezas en el cargo dependerá de las decisiones que adopte el gobierno de Abelardo de la Espriella en las próximas semanas.
El episodio refleja un patrón que se repite con el inicio de cada mandato: la presión de sectores políticos y gremiales para revisar los nombramientos de la administración anterior. En esta ocasión, la discusión se concentra en la ANT, donde las posturas sobre el ordenamiento de la tierra y la propiedad rural marcan diferencias profundas entre el uribismo, el petrismo y los gremios del campo.