La senadora María Fernanda Cabal dirigió un mensaje público al presidente Abelardo de la Espriella en el que le pidió que Colombia denuncie el Acuerdo de Escazú. Según la fuente, la congresista calificó el instrumento como una herramienta de la extrema izquierda. La solicitud se produce en medio del debate que el país sostiene desde hace años sobre la conveniencia de mantener o no su adhesión a este tratado regional.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y es considerado el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. También es, a nivel mundial, el primer instrumento de este tipo que incluye disposiciones expresas para la protección de las personas que defienden el medio ambiente, un punto que ha sido central en la discusión política en Colombia.
Colombia fue uno de los países que participó en la negociación del acuerdo y lo firmó al día siguiente de su adopción. El instrumento entró en vigor en abril de 2021 tras alcanzar las ratificaciones requeridas. Desde entonces, el país ha atravesado distintos momentos de debate interno sobre su implementación efectiva y su impacto en la política ambiental nacional.
La petición de la senadora Cabal se inscribe en la postura que sectores del Centro Democrático y de otras bancadas han mantenido frente al tratado. Críticos del acuerdo sostienen que sus estándares podrían generar cargas adicionales para proyectos productivos y de infraestructura, además de riesgos de litigios. Quienes lo defienden argumentan que fortalece la transparencia y la protección de líderes ambientales, en un país con cifras elevadas de violencia contra defensores del territorio.
La solicitud llega cuando Abelardo de la Espriella ejerce como jefe del Estado colombiano y debe decidir el rumbo de la política exterior y ambiental del país. Una denuncia formal del tratado implica un proceso jurídico establecido en el propio acuerdo y en la legislación interna, y dejaría sin efecto la aplicación del instrumento en territorio colombiano.
El tema no se reduce a una discusión legal. Para comunidades rurales, organizaciones ambientales y pueblos indígenas, el Acuerdo de Escazú representa un marco de garantías frente a decisiones que afectan sus territorios. Para gremios productivos y algunos sectores políticos, en cambio, su aplicación excesiva podría traducirse en trabas administrativas y en mayor exposición judicial.
El pronunciamiento de la senadora añade presión política sobre el Ejecutivo en un momento en que el gobierno define su agenda ambiental. La decisión final sobre la continuidad o el retiro del acuerdo corresponderá al presidente y al Congreso, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Por ahora, la solicitud quedó registrada como una nueva expresión del debate que el país sostiene desde 2018.