Según reportó IFM Noticias, María Fernanda Cabal, exsenadora y exprecandidata presidencial, propuso al presidente electo Abelardo de la Espriella que considere denunciar el Acuerdo de Escazú. El llamado se hizo de forma pública y quedó registrado en la cobertura del medio.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado en 2018 en Costa Rica por países de América Latina y el Caribe, incluido Colombia. Su propósito declarado es garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. También incluye compromisos de protección para defensores y defensoras del medio ambiente.
En Colombia, el acuerdo fue firmado por el gobierno de Iván Duque y entró en vigor en el país tras la ley aprobatoria correspondiente. Desde su trámite en el Congreso, el tratado generó un debate dividido. Sectores a favor resaltaron la importancia de los estándares ambientales y de protección a líderes ambientales. Sectores en contra cuestionaron que pudiera generar limitaciones a la inversión y a proyectos productivos en distintas regiones.
La petición de Cabal se conoce en un momento en que el país espera la posesión presidencial. Abelardo de la Espriella, electo en las urnas según el proceso reportado por la fuente, asumirá la dirección del Estado colombiano y deberá fijar posiciones sobre los compromisos internacionales vigentes.
Denunciar un tratado, en términos del derecho internacional, implica que el Estado comunica su retiro del instrumento y deja de estar obligado por sus disposiciones, con efectos en el marco de los países firmantes. Cada acuerdo tiene condiciones y plazos específicos para esa decisión.
El llamado de Cabal suma una nueva voz al debate interno sobre la política ambiental y la soberanía frente a los compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil, gremios productivos y entidades académicas suelen participar en estas discusiones con argumentos técnicos y jurídicos.
Por ahora, la fuente consultada no detalla una respuesta oficial del presidente electo ni de su equipo de transición sobre la propuesta de Cabal. Tampoco se conoce un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente o de la Cancillería sobre el tema en este momento.
La ciudadanía seguirá atenta a las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre los acuerdos internacionales firmados por Colombia, en especial aquellos que, como Escazú, tocan temas sensibles como el acceso a la información ambiental y la protección de defensores de derechos humanos en el territorio.