El debate sobre el origen de los recursos para la transición de mando en Colombia se trasladó a las redes sociales. La exsenadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, respondió a la lideresa Aida Quilcué, quien había criticado el millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el empalme entre el gobierno saliente y el entrante de Abelardo de la Espriella, según reportó Infobae.
Cabal sostuvo que la cooperación internacional no implica compromisos de pago en ejercicios fiscales posteriores. En su mensaje, pidió no engañar a la opinión pública sobre la naturaleza de esos fondos. La afirmación apunta a desmontar la idea de que el país quedará amarrado a una nueva deuda con el organismo multilateral.
El empalme es el proceso formal mediante el cual un gobierno entrante recibe de la administración saliente la información sobre contratos, presupuestos y proyectos en marcha. Se trata de una práctica estandarizada en las democracias latinoamericanas y suele financiarse con recursos de cooperación técnica, no con partidas del presupuesto nacional.
El BID es uno de los principales prestamistas multilaterales de América Latina. Su esquema de cooperación técnica permite financiar consultorías, estudios y asistencia sin desembolsos de gran escala. Esa modalidad se distingue de los créditos de inversión, que sí exigen planes de amortización con el Tesoro Público.
Aida Quilcué, vocera del movimiento indígena y lideresa del proceso de liberación de la Madre Tierra, ha mantenido una posición crítica frente a distintos gobiernos por el manejo de la consulta previa y la participación de los pueblos originarios en decisiones de política. Su cuestionamiento al préstamo del BID se suma a una serie de reparos que organizaciones sociales han hecho al financiamiento multilateral.
La intervención de Cabal se inscribe en el respaldo que figuras del uribismo han expresado hacia la istración de Abelardo de la Espriella. El Centro Democrático ha sido uno de los partidos que con mayor decisión ha apoyado al nuevo gobierno desde antes de su posesión.
Para la ciudadanía, la discusión tiene efectos prácticos: define quién asume los costos del proceso de transición y si esos recursos comprometen partidas futuras. También deja ver cómo distintos sectores políticos y sociales evalúan la legitimidad de acudir a organismos internacionales para tareas que antes se financiaban con el presupuesto ordinario.
Queda por verse si el Banco Interamericano publica los términos del convenio y si el Ministerio de Hacienda detalla el plan de ejecución. La transparencia en esas cifras será determinante para cerrar el cruce de versiones entre el Gobierno, la oposición y las organizaciones que pidieron explicaciones.