El sector agropecuario colombiano enfrenta un reto que va más allá de la siembra y la cosecha. Según un análisis publicado por CONtexto Ganadero, la competitividad del campo depende de la coordinación de al menos seis ministerios adicionales al de Agricultura: Transporte, Minas y Energía, Comercio, Ambiente y Defensa, junto con el propio ministerio rector de la política rural.
La lectura parte de una constatación simple: los productores rurales no compiten en una sola dimensión. Necesitan vías terciarias en buen estado para sacar sus productos, energía confiable para procesamiento y riego, seguridad para trabajar la tierra sin amenazas, y reglas ambientales claras para producir sin litigios. Cada una de esas tareas está en manos de otra cartera.
Transporte aparece como pieza crítica. La red vial terciaria del país sigue siendo precaria en buena parte de las regiones agrícolas, lo que encarece los fletes y reduce los márgenes del productor. Sin mantenimiento vial, ni los créditos ni las semillas certificadas logran traducirse en competitividad real.
Minas y Energía entra en la ecuación por la necesidad de electricidad estable y precios energéticos que no ahoguen a los pequeños transformadores de alimentos. La electrificación rural, además, abre la puerta a proyectos de riego tecnificado y a cadenas de frío que hoy apenas existen en zonas apartadas.
Comercio es otra de las claves. La apertura de mercados internacionales y la negociación de admisibilidad sanitaria para productos como carne, café, frutas y lácteos depende de la gestión de esta cartera. Sin nuevos compradores externos, el crecimiento de la oferta agropecuaria tropieza con el límite del consumo interno.
El Ministerio de Ambiente, por su parte, incide directamente sobre el uso del suelo, las concesiones de agua y la delimitación de áreas protegidas. La superposición de figuras de protección con territorios agrícolas ha sido fuente recurrente de conflictos, por lo que la articulación con esta cartera resulta determinante para dar certeza jurídica a los productores.
Defensa completa el listado. La seguridad en las zonas rurales, históricamente golpeadas por grupos armados y organizaciones criminales, condiciona cualquier inversión. Sin condiciones de orden público, los programas de tecnificación, crédito y asociatividad tienen poco margen para sostenerse.
En conjunto, el análisis plantea que el campo colombiano arrastra una deuda histórica con sus productores en productividad, ingresos y calidad de vida. Cerrarla exige una política de Estado, no solo una política sectorial. La articulación entre ministerios se vuelve, según esta lectura, una condición previa a cualquier salto en competitividad.
Queda pendiente cómo se traducirá ese llamado en decisiones concretas del gobierno nacional. La creación de mecanismos formales de coordinación interministerial, la destinación de recursos para vías terciarias y la definición de una agenda de apertura comercial son algunos de los pasos que el sector agropecuario y los analistas estarán observando.