Jaime Vives asumió la presidencia de Coljuegos, el organismo encargado de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, luego de ser designado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La noticia de su llegada al cargo coincidió con la difusión de una denuncia penal presentada por su exesposa, Marcela Dangond, según reportó el programa Al Punto.
Dangond asegura que durante su matrimonio fue víctima de presuntas violencias física, psicológica y económica por parte de Vives. En un testimonio recogido por el medio, la mujer describió episodios concretos de agresión, incluyendo señalamientos de que Vives la tomaba por el pelo y la arrastraba, afirmaciones que hacen parte del expediente judicial y que ahora son de dominio público por su difusión periodística.
Coljuegos es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que cumple funciones de regulación, fiscalización y control sobre los juegos de suerte y azar, las apuestas y ciertos espectáculos públicos. Su presidencia es un cargo de manejo y reputación, pues la entidad debe velar por la transparencia del sector y por el recaudo de recursos con destino a la salud pública.
El nombramiento de Vives se produce en un momento sensible para la administración de Espriella, que hizo de la protección a las mujeres uno de los ejes discursivos de su llegada a la Casa de Nariño. La oposición política y sectores de la sociedad civil han cuestionado cómo se compatibiliza esa promesa con la designación de un funcionario sobre quien pesa una denuncia penal por violencia intrafamiliar.
Hasta el momento, la administración de Espriella no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre el proceso de selección de Vives ni sobre las razones que llevaron a su designación a pesar de la denuncia conocida. La situación abre interrogantes sobre los filtros de idoneidad aplicados a los nombramientos del alto gobierno, en particular cuando se trata de cargos que dependen directamente de la Presidencia.
El caso también reaviva la discusión sobre el tratamiento que el Estado colombiano da a las denuncias de violencia intrafamiliar. La ley 1257 de 2008 y posteriores normas han reforzado los mecanismos de protección, pero organizaciones de mujeres han insistido en que la prevención exige coherencia desde las más altas instancias del poder, empezando por los funcionarios designados.
La denuncia contra Vives se encuentra en etapa penal, por lo que se presume su inocencia hasta que un juez determine lo contrario. Sin embargo, en el debate público el caso ya generó reacciones que piden al gobierno reconsiderar el nombramiento, mientras otros sectores defienden que la valoración de un funcionario debe esperar al pronunciamiento de la justicia.
En los próximos días se espera que el gobierno aclare si la denuncia fue conocida antes del nombramiento, si hubo verificación de antecedentes y si se adoptarán medidas administrativas mientras avanza el proceso judicial. El episodio se suma a una serie de decisiones tempranas del nuevo gobierno que son observadas de cerca por la opinión pública y por los medios de comunicación.
El nombre de Marcela Dangond y la naturaleza de sus señalamientos quedaron registrados en la denuncia y fueron divulgados por Al Punto, medio al que se atribuye la fuente de esta información. La periodista que realizó la entrevista puso en contexto la gravedad de las declaraciones y su relación con un cargo de responsabilidad pública en el sector de juegos y apuestas.