El gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de presupuesto general para 2027 y lo presentó como un sinceramiento de las cuentas públicas. La narrativa oficial sostiene que el tamaño inusual del presupuesto refleja, ante todo, el destape de gastos que no aparecían de forma transparente en la administración anterior.
Según el análisis publicado por La Silla Vacía, esa lectura contiene medias verdades. Una parte del incremento sí se explica por compromisos y pasivos que venían ocultos en las cuentas del gobierno de Gustavo Petro y que ahora quedaron visibles en las cifras. En otras palabras, no todo el salto corresponde a decisiones nuevas del Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo análisis señala que aproximadamente la otra mitad del aumento podría haberse reducido con decisiones del propio gobierno de Abelardo de la Espriella. Es decir, no se trata solo de arrastrar cuentas viejas, sino también de las prioridades que se eligieron al armar el proyecto.
Para entender el debate hay que mirar el contexto. Cada año, el Ministerio de Hacienda elabora el Presupuesto General de la Nación, que luego discute y aprueba el Congreso. El monto total refleja los ingresos esperados y la forma en que se reparten en sectores como defensa, salud, educación, pensiones y servicio de la deuda. Cuando un presupuesto crece muy por encima de la inflación, suele abrirse la pregunta de qué lo explica.
En el caso colombiano, las cifras fiscales suelen discutirse por dos vías. La primera es la técnica: si los supuestos de ingresos son realistas y si los rubros nuevos corresponden a políticas específicas. La segunda es la política: si el gobierno anterior dejó compromisos sinfinanciar o si el actual está inflando partidas con fines distintos a los anunciados.
Lo que agrega La Silla Vacía es una lectura intermedia. Reconoce que existe un componente heredado de la administración Petro, pero advierte que ese componente no alcanza para justificar la totalidad del crecimiento. El resto, dice, es decisión del nuevo equipo económico y, por tanto, materia de discusión pública.
En términos prácticos, el presupuesto 2027 define cuánto se destinará a inversión social, a funcionamiento del Estado y a deuda. Un crecimiento significativo en el total implica que el Congreso deberá revisar con detalle cada sección para determinar dónde están los gastos que la ciudadanía va a financiar con sus impuestos.
Quedan varios puntos pendientes. El primero es que el Congreso debe tramitar el proyecto durante el segundo semestre, con debates en comisiones económicas y plenarias. El segundo es que el Ministerio de Hacienda tendrá que explicar, rubro por rubro, qué corresponde a arrastres y qué a decisiones nuevas. El tercero es que la opinión pública pueda distinguir entre lo heredado y lo propuesto por el gobierno de Abelardo.
Por ahora, la conclusión del análisis es clara: el llamado sinceramiento no es solo un ejercicio de transparencia sobre lo que vino antes. También es un reflejo de las prioridades del gobierno actual, y por eso debe discutirse con la misma rigurosidad que se le pide al pasado.