El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer un reporte en el que documenta que al menos 65 menores de edad murieron en bombardeos adelantados por las Fuerzas Militares en un periodo de cuatro años. La cifra, recogida por el medio El Espacio Digital, corresponde a menores de 18 años que figuraban como víctimas mortales en operaciones aéreas de la fuerza pública.
Según el informe, los departamentos donde se concentró la mayor cantidad de víctimas juveniles son Guaviare, Arauca, Putumayo y Chocó. Estas zonas coinciden con regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y por disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo que ha llevado a las Fuerzas Militares a realizar operaciones de gran escala en el territorio.
El rango temporal del reporte cubre los últimos cuatro años, un periodo que coincide con el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya política de seguridad ha incluido la estrategia de 'paz total' y el cambio en la doctrina militar. Bajo esa línea, las Fuerzas Militares han mantenido operaciones contra estructuras como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y grupos armados organizados residuales.
El uso de bombardeos como herramienta militar ha sido objeto de debate desde su intensificación en operativos contra campamentos y rutas de producción de drogas ilícitas. Organizaciones de derechos humanos y de protección de la infancia han solicitado en diversas oportunidades que se adopten protocolos que reduzcan el riesgo para la población civil, en especial para comunidades indígenas y campesinas presentes en las zonas de operaciones.
Para la ciudadanía, la revelación abre interrogantes sobre los protocolos de verificación de objetivos antes de una operación aérea, así como sobre los sistemas de protección civil en medio del conflicto armado. Las familias de las víctimas juveniles suelen enfrentar procesos de reclamación de reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia ordinaria o instancias administrativas del Estado.
El reporte de Medicina Legal se suma a pronunciamientos previos de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han llamado la atención sobre el impacto diferencial de la violencia armada en niños, niñas y adolescentes, y sobre la necesidad de investigar de forma exhaustiva cada episodio en el que se reporten menores entre las víctimas.
La Fuerza Pública no ha emitido, hasta el momento, una reacción pública registrada por la fuente al respecto del informe citado. El tema queda abierto para que las instancias competentes revisen los operativos señalados y, en caso de existir responsabilidades, se adelanten las investigaciones correspondientes, según lo que establece la normatividad colombiana y el derecho internacional humanitario.
Queda pendiente conocer si el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa o de la comandancia militar, dará a conocer públicamente un balance oficial sobre los bombardeos del periodo reportado y si se adoptarán nuevas medidas de protección a la población infantil en zonas de operaciones militares.