El presidente Abelardo de la Espriella había lanzado una alerta por lo que, según él, sería un supuesto cabildeo del Clan Torres en las diferencias limítrofes entre Puerto Colombia y Barranquilla. La denuncia, reportada por Caracol Radio, abrió un nuevo capítulo en la controversia territorial que ambos municipios atlanticenses sostienen desde hace años.
La respuesta llegó del otro lado de la discusión. Christian Meisel sostuvo que el primer Mandatario no tiene de qué preocuparse por las gestiones que se atribuyen a Los Torres en ese expediente. Según Caracol Radio, Meisel salió al paso de las declaraciones presidenciales y buscó desactivar la polémica.
El diferendo limítrofe entre Puerto Colombia y Barranquilla es uno de los litigios territoriales más antiguos del Atlántico. A lo largo de los años ha involucrado debates sobre la pertenencia de barrios, predios y zonas industriales en el norte del área metropolitana, así como pronunciamientos del Consejo de Estado y del Congreso.
En ese contexto, las familias de tradición política y empresarial suelen jugar un papel relevante. El Clan Torres es identificado por la propia denuncia como el grupo detrás de las gestiones que, según De la Espriella, buscan incidir en la definición de los límites. La réplica de Meisel sugiere que esas gestiones no tendrían la intención que el Gobierno les atribuye.
El cruce de declaraciones deja ver que el litigio territorial pasó del plano administrativo al escenario político nacional. Con el pronunciamiento del presidente, la discusión dejó de ser un asunto entre dos municipios y se instaló en la agenda del Gobierno, lo que obliga a las partes a responder públicamente.
Para los habitantes de Puerto Colombia y Barranquilla, el diferendo no es un tema ajeno. Define a qué municipio pagan impuestos, en qué jurisdicción estudian sus hijos y ante qué autoridades tramitan sus servicios públicos. Cualquier decisión que se adopte en ese expediente tiene efectos directos sobre decenas de miles de ciudadanos.
La institucionalidad también queda involucrada. La definición final del lindero corresponde a instancias como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Gobernación del Atlántico y, en última instancia, el Congreso de la República o el Consejo de Estado, según la etapa del proceso. El debate público puede acelerar o frenar los trámites que esas entidades adelantan.
Por ahora, el intercambio entre el presidente De la Espriella y Christian Meisel deja dos versiones enfrentadas sobre el papel del Clan Torres. Mientras el jefe de Estado habla de un cabildeo que considera preocupante, Meisel descarta que haya motivos de alarma. La fuente consultada, Caracol Radio, registra ambas posturas sin dirimir cuál de las dos se ajusta a los hechos.
El siguiente movimiento podría venir de los propios municipios o de las autoridades departamentales y nacionales con competencia en el asunto. La expectativa está en si la denuncia presidencial se traduce en acciones concretas del Gobierno para intervenir en el diferendo o si la controversia se agota en el cruce de declaraciones.