El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella emitió, el 28 de agosto, resoluciones con las que pone fin a las mesas de negociación que el Estado colombiano adelantaba con grupos criminales. La decisión no se limita a suspender una conversación puntual, según Infobae, sino que desmonta la estructura administrativa y jurídica que permitía la participación de esos grupos en procesos de diálogo.
Hasta ahora, la administración anterior había sostenido distintos acercamientos con organizaciones armadas, dentro de un esquema que contemplaba espacios formales de conversación y, en algunos casos, compromisos verificables. Esos procesos contaban con equipos de facilitadores, mesas técnicas y un marco normativo que regulaba quiénes participaban y bajo qué reglas. Las resoluciones expedidas esta semana eliminan ese andamiaje, de acuerdo con la información recogida por Infobae.
Con la disolución del esquema, las organizaciones criminales que estaban en esos procesos pierden el espacio institucional para negociar con el Estado. Eso implica, en la práctica, el regreso de esas estructuras a la condición de grupos al margen de la ley frente a los cuales no existe un canal formal de diálogo abierto. La medida también cierra las negociaciones heredadas del gobierno anterior, lo que marca un punto de ruptura con la política de conversación que rigió hasta diciembre.
Para la ciudadanía, el cierre de las mesas tiene implicaciones directas. En las zonas donde estos grupos tienen presencia, los procesos de diálogo habían modificado la dinámica de violencia local, las condiciones de seguridad y la relación de las comunidades con las instituciones. Volver a un escenario sin mesa activa suele traducirse, según la experiencia reciente del país, en un repunte de hechos violentos, restricciones a la movilidad y presión sobre los líderes comunitarios.
El sector justicia y la fuerza pública son otros actores directamente afectados. Las resoluciones dejan sin efecto los protocolos que articulaban a las mesas de negociación con la Fiscalía, los jueces y las Fuerzas Militares. Esa articulación era clave para diferenciar, dentro del ordenamiento, a un grupo en conversación de uno en confrontación abierta, y para definir el tratamiento penal aplicable a sus integrantes.
La decisión también se lee como una señal de rumbo. El Gobierno de De la Espriella había anticipado, desde su posesión, una línea de seguridad basada en el debilitamiento de los grupos criminales por la vía de la fuerza y la desarticulación de las estructuras que sostienen su actividad. El cierre de las mesas y la eliminación del andamiaje que las soportaba son consistentes con esa orientación, aunque la fuente consultada no precisa aún el plan operativo que sustituirá a los espacios de diálogo.
Sectores políticos y expertos en construcción de paz venían llamando la atención sobre el costo de desmontar los procesos sin alternativas claras. Para quienes defienden la vía negociada, sin mesa no hay mecanismo para verificar compromisos, recibir desmovilizaciones ni encauzar las demandas de las comunidades en los territorios. Para quienes cuestionaban esos diálogos, el cierre responde a la necesidad de no convalidar a las organizaciones criminales como interlocutores políticos.
En el plano internacional, el cierre de las mesas puede modificar la interlocución con países que participaban como garantes o acompañantes, entre ellos Cuba y Noruega en distintas etapas de los diálogos recientes. Aunque la fuente no detalla si esos gobiernos fueron notificados formalmente, las resoluciones unilaterales suelen requerir una coordinación diplomática para evitar fricciones en los escenarios multilaterales donde Colombia reporta sus políticas de paz.
Quedan por resolver varios puntos. Falta conocer el texto completo de las resoluciones y si el Gobierno convocará un nuevo marco para los procesos de sometimiento individual a la justicia. También está pendiente la situación de los gestores de paz y los facilitadores que trabajaban en esas mesas, cuyo rol queda en suspenso tras el cierre del esquema. Las reacciones de las organizaciones criminales y de los organismos de control marcarán el ritmo de las próximas semanas.