El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, sostuvo ante el Senado que las estructuras criminales que operan en Colombia registran un crecimiento del 92% en el número de sus integrantes, comparado con el inicio del Gobierno de Gustavo Petro. La cifra fue entregada durante un debate de control político citado por Infobae.
Mora calificó ese aumento como un "crecimiento abismal" y aseguró que el panorama obliga a la fuerza pública a desplegar todas sus capacidades. El ministro enmarcó la ofensiva en las instrucciones que, según dijo, impartió el presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar a las organizaciones ilegales en todo el territorio nacional.
Durante su exposición, el jefe de la cartera de Defensa no mencionó públicamente las fuentes específicas de la estadística ni el periodo exacto de comparación. La declaración se produjo en una sesión legislativa dedicada a examinar la situación de orden público y la capacidad de respuesta institucional frente al crimen organizado.
El crecimiento reportado por el ministro ocurre en un contexto de transformaciones en la política de seguridad del país, donde distintas administraciones han debatido el alcance de las operaciones militares y policiales. Bajo el Gobierno de Petro se implementaron cambios en la estrategia antinarcóticos y se habló de una "paz total", aunque las Fuerzas Militares continuaron ejecutando operaciones contra disidencias, grupos paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La afirmación del general Mora se suma a los reportes de inteligencia que en los últimos años han documentado la expansión de grupos armados en regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico nariñense y el Guaviare. Estas zonas concentran disputas por el control territorial, rutas de narcotráfico y economías ilegales como la minería criminal.
El debate de control político en el Senado suele citar a altos funcionarios del Gobierno para que respondan sobre la situación de seguridad. En esta oportunidad, el ministro vinculó las cifras entregadas con la línea presidencial de De la Espriella, quien asumió el mando con un discurso centrado en el restablecimiento de la autoridad y la lucha contra el crimen organizado.
Para los ciudadanos, el debate sobre el tamaño y la composición de estas estructuras tiene efectos directos: extorsiones a comerciantes y campesinos, secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y control social en zonas rurales. Las autoridades han reconocido que estos fenómenos se intensificaron en varias regiones durante los últimos años.
Tras la intervención del ministro, el Senado deberá definir si solicita informes de seguimiento, citaciones adicionales a comandantes de fuerza o audiencias territoriales para evaluar el impacto de las nuevas instrucciones presidenciales. Por ahora, el Gobierno no ha publicado un desglose de las cifras entregadas por el ministro ni el método usado para calcular el 92% de aumento.
Queda pendiente conocer el plan operativo concreto que el Ministerio de Defensa implementará bajo el mandato del presidente De la Espriella, los recursos asignados y los indicadores con los que se medirá la efectividad de la ofensiva anunciada. La oposición y los partidos de Gobierno han solicitado transparencia sobre las metas y los plazos de la nueva estrategia de seguridad.