Fabio Arjona, quien fue anunciado como ministro de Ambiente del gobierno de Abelardo de la Espriella, afirmó que se hará fracking en algunas zonas del país, bajo criterios de responsabilidad, según reportó Colombia.com. La frase marca el primer pronunciamiento concreto del equipo designado sobre un tema que ha dividido a sectores ambientales, académicos y productivos durante la última década.
Arjona no descartó por completo la técnica, pero la limitó a “algunas zonas”. Esa distinción es clave porque el fracking es una actividad prohibida en Colombia desde 2018, cuando el Consejo de Estado dejó sin efectos los pilotos de investigación que se habían autorizado en años anteriores. Desde entonces, toda mención oficial sobre su uso suele aparecer condicionada a zonas, estudios o pilotos específicos.
El Ministerio de Ambiente es la cartera encargada de fijar los lineamientos sobre uso del suelo, áreas protegidas, licenciamiento ambiental y gestión del recurso hídrico. Por su rol en la regulación ambiental, su posición pesa en cualquier decisión sobre exploración y explotación de hidrocarburos, incluso cuando la rectoría del sector mineroenergético recae en el Ministerio de Minas y Energía.
La técnica de fracturamiento hidráulico consiste en inyectar mezclas de agua, arena y químicos a alta presión para abrir grietas en formaciones rocosas y liberar gas o petróleo atrapados. Sus defensores argumentan que incrementa reservas y reduce importaciones. Sus críticos señalan riesgos sobre aguas subterráneas, sismicidad inducida y emisiones de metano.
Para los gremios petroleros y algunas regiones productoras, la eventual apertura selectiva puede traducirse en inversión, regalías y empleo en zonas donde la actividad convencional ha disminuido. Para organizaciones ambientales y comunidades, reabrir el debate implica actualizar estudios, procesos de consulta previa y protocolos que se mantuvieron suspendidos en los últimos años.
La declaración llega cuando el país discute además la transición energética, los compromisos de reducción de emisiones y el papel de los combustibles fósiles en la economía nacional. Cualquier paso hacia el fracking choca o se complementa, según la perspectiva, con esos lineamientos de largo plazo que ya están en construcción institucional.
Hasta ahora el equipo del presidente electo no ha detallado qué zonas podrían habilitarse, bajo qué cronograma ni con qué estándares técnicos. Tampoco se conoce si la propuesta se presentará como proyecto de ley, decreto o decisión administrativa. La ausencia de esos detalles deja abierta la puerta a reacciones adicionales desde la academia, la Corte Constitucional y las comunidades étnicas que suelen ser consultadas en estos procesos.
En las próximas semanas se espera la publicación del gabinete completo y, con ella, nuevas declaraciones sectoriales que permitirán medir la coherencia entre el discurso de campaña, el programa ambiental anunciado y las decisiones técnicas de cada cartera vinculada al manejo del subsuelo, del agua y de la energía.