El Ministerio de Ambiente revocó el decreto que regulaba los mercados de carbono en Colombia, según informó Caracol Radio. La decisión deja sin efecto la norma expedida al cierre del gobierno anterior, con la que se buscaba ordenar el funcionamiento de ese mercado en el país.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la norma presentaba problemas jurídicos y técnicos que ponían en riesgo el desarrollo del mercado de carbono. De acuerdo con el funcionario, esos vacíos comprometían la confianza de los actores que participan en la compra y venta de bonos y certificados ambientales.
Los mercados de carbono son esquemas en los que empresas y organizaciones compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero adquiriendo créditos generados por proyectos que reducen o capturan dióxido de carbono. En Colombia, esos créditos habían ganado espacio en sectores como el energético, el forestal y el industrial.
La revocatoria abre un periodo de transición mientras el Ministerio de Ambiente formula una nueva regulación. Durante ese lapso, los participantes del mercado deberán acogerse al marco general vigente antes del decreto derogado, lo que incluye normas previas del Ministerio y lineamientos de la Superintendencia Financiera para los componentes bursátiles.
Para el sector empresarial, la noticia significa un escenario de incertidumbre regulatoria. Compradores y vendedores de bonos de carbono venían ajustando sus operaciones a los criterios del decreto anterior, y ahora deberán revisar contratos, metodologías de verificación y procedimientos de registro de proyectos.
Organizaciones ambientales han señalado en otras ocasiones que una regulación clara y estable es clave para atraer inversión hacia proyectos de reducción de emisiones. La ausencia temporal de un decreto específico podría afectar proyectos en curso que dependen de reglas claras para su certificación.
El Ministerio no ha precisado en el extracto de Caracol Radio el contenido detallado de los problemas jurídicos ni técnicos identificados. Tampoco se conoce el plazo para expedir una nueva norma, por lo que queda pendiente el seguimiento a los próximos anuncios oficiales sobre el rumbo del mercado.
La decisión se enmarca en la revisión que el gobierno viene haciendo de varias normas expedidas en los últimos meses de la administración anterior, bajo el argumento de detectar vicios de procedimiento o debilidades técnicas que requerirían ajustes antes de su aplicación definitiva.