El Ministerio de Hacienda elevó una solicitud formal al Fondo Monetario Internacional para que envíe una misión al país, según reportó El País de Cali. La petición se produjo en medio de señalamientos de la cartera sobre un presunto desfinanciamiento y contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión marca un giro en la relación entre Colombia y el organismo multilateral, que realiza visitas periódicas de seguimiento económico bajo el artículo IV de su Convenio Constitutivo. En esas misiones, técnicos del FMI evalúan la situación fiscal, monetaria y financiera del país y emiten recomendaciones.
La solicitud llega en un momento de empalme entre la administración saliente y la entrante, encabezado por Abelardo de la Espriella. El Ministerio de Hacienda es la entidad encargada de formular la política macroeconómica, administrar el presupuesto general de la nación y coordinar el crédito público.
Desde la cartera también se cuestionó la gestión económica del gobierno anterior con duras expresiones, al calificar como "viajes de lagartos y patos" ciertos desplazamientos oficiales. Las declaraciones ponen sobre la mesa el debate sobre el uso de recursos públicos durante los últimos cuatro años.
El anuncio de presuntas irregularidades en contrataciones abre un flanco adicional al empalme. La Ley 80 de 1993 y sus modificaciones regulan la contratación estatal en Colombia, y cualquier hallazgo de anomalías puede derivar en investigaciones de los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Para los ciudadanos, el desenlace de esta pulseada es clave. De las conclusiones del FMI dependerá en parte la confianza de los inversionistas internacionales y el costo de financiamiento externo del país. Las calificadoras de riesgo también suelen ponderar los reportes del organismo.
Queda por definirse la fecha en que arribaría la misión del Fondo Monetario Internacional y el alcance específico de su revisión. El Ministerio de Hacienda deberá precisar qué aspectos de las finanzas públicas serán objeto de evaluación prioritaria.
Entretanto, las acusaciones cruzadas entre el gobierno entrante y el saliente marcan el tono del empalme. Las denuncias sobre contrataciones deberán ser formalizadas en las instancias correspondientes para que surtan efecto institucional más allá del debate político.