El Ministerio de Hacienda elevó ante la Corte Constitucional una solicitud para que el alto tribunal examine un posible impacto fiscal adicional de $5 billones relacionado con la entrada en vigencia de la reforma pensional, según reportó 360 Radio. La cartera pidió que se revisen los efectos presupuestales de la norma antes de que termine de consolidarse su implementación.
La reforma pensional, aprobada en el Congreso y de aplicación progresiva, cambió el modelo de ahorro individual hacia un sistema de pilares con mayor participación del Estado, en particular a través de Colpensiones. Esa transición es la que ahora el Ministerio de Hacienda pone bajo la lupa por sus efectos en las finanzas públicas.
El llamado de Hacienda se suma a la lista de advertencias que distintos analistas y organismos fiscales han hecho sobre el costo de la reforma, sobre todo por el reconocimiento de semanas cotizadas y por el pago de pensiones dentro del componente público del nuevo sistema. Los $5 billones adicionales que menciona la solicitud se suman a los recursos que ya están contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
La solicitud a la Corte no implica, por sí misma, un bloqueo de la reforma, pero sí abre un escenario de revisión constitucional sobre los efectos fiscales de la norma. La jurisprudencia colombiana ha aceptado que el impacto fiscal es un criterio válido al evaluar la exequibilidad de una ley, siempre que no se convierta en una barrera para que el Congreso cumpla sus funciones.
Para los ciudadanos, el punto central es que cualquier ajuste o decisión de la Corte puede afectar la velocidad con la que los nuevos afiliados serán trasladados a Colpensiones y el ritmo en que empiecen a reconocerse las primeras pensiones bajo las reglas de la reforma. También puede modificar los cálculos actuariales con los que se diseñó la transición.
En el sector financiero, la noticia reabrió el debate sobre el papel de las administradoras privadas de fondos de pensiones. Las AFP han cuestionado las condiciones de competencia con el componente público y han pedido reglas claras sobre el umbral de cotización y sobre los afiliados que permanecerán en el régimen de ahorro individual.
El Ministerio de Hacienda no ha detallado públicamente cómo llegó a la cifra de $5 billones ni qué supuestos usó, pero la solicitud a la Corte sugiere que el cálculo se hizo dentro del proceso de revisión de impacto fiscal que acompaña a las leyes que comprometen recursos del Presupuesto. Esa información será clave si la Corte decide abrir un examen formal de la norma.
La Corte Constitucional deberá ahora resolver si acepta el llamado del Ministerio de Hacienda, si lo acumula al estudio de las demandas ya presentadas contra la reforma y, en ese caso, qué tipo de pruebas o conceptos técnicos requerirá antes de tomar una decisión. Mientras tanto, la entrada en vigencia de la reforma sigue su curso conforme al calendario previsto en la ley.