El titular de la cartera del Interior, Rodrigo Lara, se refirió públicamente a la decisión administrativa que modificó los esquemas de seguridad de exfuncionarios vinculados al gobierno anterior. De acuerdo con sus declaraciones, la medida no consiste en un retiro total de la protección, sino en una disminución gradual de los dispositivos asignados, según reportó 360 Radio.
La aclaración del ministro llega en un contexto de transición entre administraciones, periodo en el que suele revisarse la asignación de recursos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esa entidad es la encargada de evaluar los niveles de riesgo y de determinar la composición de los esquemas de seguridad para servidores públicos y ex servidores, con base en estudios técnicos.
Lara sostuvo que la reducción responde a una recalificación de los niveles de riesgo y que los exfuncionarios que requieran protección la seguirán recibiendo. La diferenciación entre reducir y eliminar resulta clave, porque afecta el tipo de escoltas, vehículos blindados y dispositivos tecnológicos que se mantienen activos para cada persona.
El esquema de protección en Colombia cubre a una amplia variedad de beneficiarios: presidentes y ex presidentes, ministros, congresistas, jueces, fiscales, líderes sociales y ex servidores públicos que enfrenten amenazas acreditadas. La UNP realiza estudios periódicos de nivel de riesgo para decidir la magnitud de cada esquema, un proceso que suele ser objeto de controversia política.
Voceros del Gobierno anterior habían expresado en su momento preocupación por el volumen de esquemas asignados a funcionarios cercanos al expresidente Gustavo Petro, argumentando que respondían a amenazas reales. Ahora, desde la administración de Abelardo de la Espriella, se señala que algunos de esos dispositivos excedían lo necesario según los nuevos análisis.
Para la ciudadanía, el punto sensible es el uso de recursos públicos en un país con altos índices de violencia contra líderes sociales, excombatientes y funcionarios judiciales. Cada esquema de protección implica un costo significativo en personal, logística y equipos, por lo que su ajuste suele ser interpretado tanto como una señal de austeridad como de riesgo.
Desde el Ministerio del Interior se insistió en que ningún exfuncionario quedó completamente desprotegido y que los casos que lo requieran serán atendidos. Sin embargo, no se detallaron públicamente los criterios exactos utilizados para reducir los esquemas ni el número de beneficiarios afectados por la nueva disposición.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad suelen recordar que Colombia mantiene estándares internacionales en la materia y que cualquier modificación debe respetar el principio de no regresividad, es decir, que las garantías de protección no deberían reducirse sin una justificación técnica sólida y documentada.
Por ahora, la discusión queda abierta. Resta esperar que la UNP publique los criterios técnicos aplicados y que el Ministerio del Interior precise cuántas personas vieron modificado su esquema. La transparencia sobre estos ajustes será determinante para evaluar si la medida responde a una optimización de recursos o a un cambio de enfoque en la política de protección del Estado.
La fuente de esta información es 360 Radio, medio que transmitió las declaraciones del ministro Rodrigo Lara sobre la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella respecto a los exfuncionarios de la administración anterior.