El Ministerio del Interior dio a conocer los puntos principales del decreto que regulará la protesta social en Colombia. La información fue reportada por La FM y confirma que el texto ya fue construido por las carteras del Interior y de Defensa, en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo.
Según el extracto publicado, el documento se encuentra pendiente únicamente de la firma del Presidente de la República. Este paso es determinante, porque sin esa rúbrica el decreto no produce efectos jurídicos ni puede aplicarse en el territorio nacional.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia, reconocido en el artículo 37 de la Carta Política. Cualquier norma que pretenda regularla debe enmarcarse en ese principio, un punto que ha sido debatido en pasadas oportunidades cuando el Gobierno ha intentado expedir decretos similares.
En los últimos años, el país ha sido escenario de múltiples jornadas de movilización ciudadana. Las autoridades nacionales han argumentado la necesidad de fijar reglas más claras para distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y hechos que puedan afectar la convivencia, como bloqueos de vías o daños a bienes públicos.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han cuestionado previamente la figura del decreto para este fin. Argumentan que regular la protesta por esa vía puede limitar su ejercicio y que, en cambio, se requiere fortalecer los mecanismos de diálogo y garantías para la manifestación pacífica.
Desde el Ministerio del Interior se ha señalado en otras ocasiones que el objetivo del decreto no es restringir el derecho a la protesta, sino establecer protocolos de actuación para las autoridades y para los organizadores. La coordinación con el Ministerio de Defensa responde a la intervención de la Fuerza Pública en escenarios de alteración del orden público.
El decreto, una vez firmado, pasará al proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional, si se tramita como decreto ordinario. La revisión previa de constitucionalidad aplica cuando se trata de decretos que desarrollan leyes estatutarias, como las que regulan derechos fundamentales.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se traducirá en conocer con precisión qué conductas estarán permitidas, cuáles serán sancionadas y cómo se procederá en caso de bloqueos o enfrentamientos. También se esperan reglas claras para el uso de la fuerza pública en estos contextos.
El siguiente paso será conocer el texto definitivo y la fecha en que el Presidente firme el documento. Hasta entonces, la regulación de la protesta social seguirá rigiéndose por las normas vigentes y por los protocolos que las autoridades ya aplican en el manejo del orden público.
La FM continuará informando sobre los detalles del decreto una vez se conozca la versión completa del texto y las observaciones de los ministerios involucrados.