El Ministerio de Agricultura puso en marcha el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que habían sido delimitadas en municipios de la Sabana de Cundinamarca. La medida alcanza 15.800 hectáreas distribuidas entre Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, según reportó Infobae.
La determinación fue adoptada luego de una revisión interna de la cartera agropecuaria. El ministerio concluyó que las restricciones de uso del suelo impuestas en esos predios no contaban con información completa ni con una evaluación técnica suficiente para justificar su mantenimiento.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fueron una herramienta del ordenamiento territorial rural impulsada en el Gobierno de Gustavo Petro. Su propósito era blindar zonas con vocación agropecuaria frente a proyectos urbanísticos o de explotación minera y de hidrocarburos. La figura buscaba garantizar la soberanía alimentaria y la permanencia del campesinado productor.
El desmonte modifica de manera directa el régimen de usos del suelo en cinco municipios cercanos a Bogotá, una región con presión permanente por expansión urbana y proyectos de vivienda. Productores, gremios y autoridades locales habían reclamado durante los últimos años la revisión de estas áreas, argumentando que las restricciones afectaban proyectos productivos legalmente constituidos.
Con la eliminación de la figura, los predios involucrados vuelven al régimen general de uso rural previsto en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio y en la Ley 388 de 1997. Las decisiones sobre qué actividades se permiten en esas hectáreas pasan así a depender de los concejos municipales, los determinantes ambientales de las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Ambiente.
Desde el Ministerio de Agricultura se ha indicado que la revisión técnica continúa en otras regiones del país, por lo que nuevos anuncios podrían llegar en las próximas semanas. La cartera no descartó que se adelante un proceso similar en otras zonas donde también se hayan identificado falancias en los estudios previos.
Organizaciones ambientales y sectores académicos han expresado preocupación por el efecto que pueda tener esta decisión sobre la protección de suelos agrícolas de alta productividad. Para estos sectores, la Sabana de Cundinamarca tiene un valor estratégico en la producción de alimentos para Bogotá y municipios cercanos, lo que hace sensibles los cambios en el uso del suelo.
Por su parte, gremios agropecuarios y propietarios rurales han recibido la noticia como una corrección necesaria, al considerar que las áreas protegidas habían sido delimitadas sin el rigor técnico ni la concertación social requeridos. Argumentan que el desmonte devuelve la seguridad jurídica a los productores y permite reactivar inversiones en el campo.
El proceso abre ahora una etapa de transición en la que propietarios, alcaldías y autoridades ambientales deberán ajustar sus planes y proyectos a las nuevas condiciones. Queda por definir si habrá algún mecanismo de compensación para quienes habían adquirido compromisos ambientales o productivos bajo el régimen anterior, y si el Ministerio de Ambiente intervendrá en la revisión de los actos administrativos expedidos.
En todo caso, la decisión marca un giro en la política de protección de tierras agrícolas del país y reaviva el debate entre los objetivos de ordenamiento territorial, producción agropecuaria y conservación ambiental, un equilibrio que se mantiene bajo revisión en el actual gobierno nacional.