El Ministerio de Agricultura elevó una solicitud formal a los gremios bancario, molinero y de proveedores de insumos para que adopten medidas de flexibilización en favor de los productores de arroz de Casanare afectados por la reciente temporada de inundaciones, según reportó Infobae. La cartera pidió, en concreto, que se ajusten las obligaciones financieras, se detengan los cobros coactivos y se eliminen los recargos por mora que pesan sobre los productores.
La petición se enfoca en preservar el capital de trabajo de los arroceros para que puedan participar en la próxima campaña arrocera de 2027. Las inundaciones recientes en los llanos orientales dejaron pérdidas en cultivos, infraestructura y activos productivos, y dejaron a muchos productores con deudas vigentes pero sin flujo de caja para honrar los compromisos.
Casanare es uno de los departamentos con mayor producción arrocera bajo el sistema de riego en Colombia. La zona de la mojana y los llanos concentra buena parte del arroz de la Orinoquía, con siembras en grande escala que dependen del crédito bancario para financiar cada ciclo productivo. Por eso, cuando un evento climático extremo golpea la región, el impacto se traslada de inmediato al sistema financiero agropecuario.
La solicitud del Ministerio se dirige a tres eslabones de la cadena. Al gremio financiero, para que refinancie, extienda plazos o pause cobros. A la industria molinera, que compra el arroz, para que flexibilice los contratos y los precios. Y a los proveedores de insumos, como semillas y agroquímicos, para que ajusten las condiciones de pago y eviten nuevos embargos sobre los productores.
El pedido también busca frenar los embargos que ya estarían en curso sobre predios y maquinaria de algunos arroceros en el departamento. Con los lotes inundados y las cosechas perdidas, los productores no tendrían cómo responder a los bancos ni a los proveedores, lo que pondría en riesgo la continuidad de las unidades productivas de cara al próximo año.
La cartera de Agricultura fundamenta la urgencia en el calendario agrícola. Si los productores no acceden a condiciones crediticias más flexibles durante los últimos meses del año, difícilmente podrán costear la preparación de tierras, la compra de semillas y la siembra de la campaña de 2027. Eso significaría un golpe a la oferta arrocera nacional y a las economías locales que dependen del cultivo.
La industria arrocera en Colombia opera con una cadena madura que vincula a productores, molinos, bancos y proveedores de insumos. El arroz es uno de los alimentos básicos de la canasta familiar, y la región de los llanos aporta un volumen importante al abastecimiento del centro del país. Cualquier afectación prolongada en Casanare termina trasladándose a los precios mayoristas y al bolsillo del consumidor.
Queda por verse cómo responden los gremios a los que el Ministerio les elevó la solicitud. Los bancos agropecuarios suelen tener protocolos para eventos climáticos, pero cada entidad aplica criterios distintos. La industria molinera, por su parte, depende de la cosecha de la concesión, por lo que también tiene interés en que los productores puedan sostenerse en la actividad hasta la próxima campaña.
En el corto plazo, productores y autoridades deberán evaluar los daños cuantificados en la zona arrocera de Casanare y avanzar en acuerdos concretos con cada uno de los gremios. Lo que se decida en las próximas semanas será determinante para definir si la campaña arrocera de 2027 arranca con normalidad en los llanos orientales o si, por el contrario, enfrenta un nuevo ciclo de restricciones y pérdidas para los productores de la región.
La emergencia por inundaciones en los llanos ha sido una constante en los últimos ciclos agrícolas, y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector arrocero frente a eventos climáticos extremos. Las solicitudes del Ministerio se inscriben en una estrategia más amplia de protección del capital productivo y de la seguridad alimentaria del país, según el reporte de Infobae.