Un juez de tutela le dio al Ministerio de Defensa un plazo de 48 horas para entregar la información completa sobre los vuelos oficiales del presidente Abelardo de la Espriella. La orden se dio tras un fallo que encontró que la respuesta inicial de la cartera fue incompleta, según reportó Infobae.
El proceso judicial comenzó con una acción de tutela interpuesta por el representante a la Cámara José Luis Bohórquez López. En su escrito, el congresista pidió a la cartera de Defensa detallar los desplazamientos oficiales del primer mandatario, un tema que ha generado interés en el debate público sobre la transparencia del Gobierno.
El Ministerio de Defensa entregó un primer reporte, pero el despacho que conoció la tutela concluyó que ese informe omitió puntos sensibles. En particular, según la fuente, faltaban datos sobre los costos y sobre las características de los desplazamientos oficiales. Esa omisión fue la razón central del nuevo plazo fijado por el juez.
La tutela es un mecanismo constitucional que cualquier ciudadano puede usar para proteger derechos fundamentales cuando considera que una autoridad pública no ha entregado información que está obligada a suministrar. En este caso, el congresista argumentó que el Ministerio vulneró el derecho de acceso a la información pública al responder de manera parcial a su solicitud.
Para el Gobierno, el cumplimiento de la orden implica consolidar y revisar los registros de cada vuelo presidencial, identificar trayectos, aeronaves utilizadas y rubros de gasto, y entregarlos al despacho judicial en el término fijado. La Presidencia y la Fuerza Aérea Colombiana suelen ser las entidades que custodian esa documentación, pero la tutela fue dirigida al Ministerio de Defensa como cabeza del sector.
Para la ciudadanía, el caso reabre la discusión sobre la publicidad de los gastos del Ejecutivo. Los viajes presidenciales involucran recursos públicos y su trazabilidad suele ser una de las exigencias recurrentes de veedurías y periodistas, que piden que se conozcan costos, acompañantes y motivos de cada desplazamiento.
Por ahora, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión ni sobre los alcances del nuevo informe que deberá entregar. Una vez vencido el plazo de 48 horas, el juez evaluará si la cartera cumplió a cabalidad o si será necesario imponer sanciones por desacato, como ocurrió en otros casos recientes de tutelas contra entidades del Estado.
El representante Bohórquez López ha sido uno de los congresistas más vocales en pedir aclaraciones sobre los movimientos del presidente De la Espriella. Con este fallo, la justicia le dio la razón en que la respuesta inicial no satisfizo el estándar de completitud que exige la acción de tutela, y fijó un término concreto para subsanar la omisión.