El Ministerio de Justicia de Colombia salió en defensa de la aspersión aérea como una de las herramientas para enfrentar el narcotráfico en el país. El pronunciamiento busca despejar el debate sobre los riesgos y los alcances de esa estrategia, según la postura oficial divulgada por Infobae.
Iván Cancino González, representante del Ministerio, sostuvo que las plantaciones ilícitas no son un hecho aislado. Argumentó que esos cultivos financian a grupos armados y generan afectaciones directas a comunidades rurales en distintas regiones de Colombia.
La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en 2015 tras una orden del Consejo Nacional de Estupefacientes, tras dudas sobre sus efectos en la salud y el ambiente. Desde entonces, el Gobierno ha intentado relanzar esa herramienta con esquemas de control y zonas de exclusión cercanas a poblados y fuentes de agua.
Para el Ministerio, la suspensión dejó un vacío en la política antinarcóticos que favoreció el crecimiento de las hectáreas sembradas con coca. Cancino señaló que, mientras no haya alternativas efectivas de sustitución voluntaria, la aspersión sigue siendo un instrumento legítimo dentro del repertorio del Estado.
La postura oficial llega en un momento de presión internacional. Colombia responde a compromisos asumidos en materia de lucha contra las drogas y enfrenta cuestionamientos por los niveles de producción de cocaína y por la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico.
Organizaciones sociales y comunidades campesinas han rechazado el regreso de la aspersión aérea. Denuncian impactos en la salud, en ríos y suelos, y recuerdan que las fumigaciones afectan a familias que no viven del cultivo ilícito. Piden priorizar programas de sustitución y desarrollo rural.
El Ministerio reconoció la preocupación ciudadana, pero insistió en que la herramienta no debe presentarse como una amenaza. La institución planteó que su uso se haría bajo protocolos y con monitoreo independiente, aunque no entregó detalles sobre los cambios respecto a esquemas anteriores.
Queda pendiente el debate en el Congreso y en instancias judiciales sobre la reactivación plena del programa. Las comunidades de zonas afectadas, las autoridades locales y los organismos de control deberán pronunciarse antes de que se defina un nuevo marco operativo para la aspersión.