El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio levantó un inventario de 925 proyectos de agua potable y saneamiento básico que, según su propio diagnóstico, no cuentan con financiación asegurada. La información, reportada por Infobae, incluye obras de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento distribuidas en distintos municipios del territorio colombiano.
De acuerdo con el reporte, el valor total estimado para sacar adelante esos proyectos asciende a 14,8 billones de pesos. Se trata de iniciativas que quedaron formuladas o en distintas etapas de maduración, pero que no lograron cierre financiero antes de que concluyera la anterior vigencia presupuestal, lo que en muchos casos las dejó a la espera de recursos del Presupuesto General de la Nación, de créditos o de alianzas con entidades territoriales.
La cartera de Vivienda es la encargada de formular la política de agua potable y saneamiento en el país, un sector en el que confluyen responsabilidades del orden nacional, departamental y municipal. La inversión en infraestructura de servicios públicos suele ejecutarse a través de esquemas como el Plan Departamental de Agua, los recursos de regalías y los aportes del Presupuesto Nacional, entre otros mecanismos.
El diagnóstico llega en un momento en que el Gobierno nacional adelanta una revisión integral de los proyectos acumulados en distintas entidades, con el propósito de identificar cuáles cuentan con estudios, permisos y diseños en un nivel de maduración suficiente para contratar su ejecución. El criterio usual en este tipo de ejercicios es priorizar las obras que estén más avanzadas en su fase precontractual, porque reducen los tiempos de inicio.
Más allá del número agregado, el dato pone sobre la mesa un déficit estructural en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. En numerosas zonas rurales y municipios pequeños, la cobertura y la continuidad del agua siguen siendo insuficientes, y la falta de plantas de tratamiento operativas ha sido señalada por la Contraloría y por organizaciones civiles como una de las causas de problemas de salud pública asociados a enfermedades de origen hídrico.
Para los habitantes de los municipios incluidos en el inventario, la consecuencia directa es la continuidad del rezago: mientras los proyectos no consigan financiación, las obras no se contratan y las comunidades siguen dependiendo de redes obsoletas, pozos artesanales o carrotanques en periodos de escasez. El costo de no ejecutar estos proyectos se traslada, en la práctica, a la calidad de vida y a la salud de la población.
El Ministerio indicó que la revisión incluye un análisis de qué recursos podrían reorientarse para atender parte de la lista, en un contexto fiscal restrictivo. La discusión sobre las fuentes de financiación, que podría incluir presupuesto ordinario, recursos de regalías, crédito público o cooperación internacional, es uno de los puntos clave que deberá resolverse antes de que las obras puedan pasar de los planos a la ejecución en campo.
Queda pendiente que la cartera publique el listado detallado de los 925 proyectos, con su ubicación, estado de maduración y monto estimado, para que las alcaldías, los departamentos y los organismos de control puedan hacer seguimiento. Esa trazabilidad es una de las exigencias recurrentes de la ciudadanía y de los órganos de vigilancia para evitar que los diagnósticos se conviertan en ejercicios meramente declarativos.
Según Infobae, el Gobierno evalúa priorizar los proyectos que estén listos para iniciar obra y concentrar los esfuerzos en los municipios con mayores carencias en cobertura y calidad del agua, una decisión que, en todo caso, debe pasar por los procesos de viabilidad técnica y financiera propios del sector.