El Ministerio de Justicia confirmó que mantiene en el proyecto de presupuesto de 2027 la reducción de los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz, según reportó la Agencia Pi. La determinación marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el financiamiento de los procesos que la JEP adelanta contra antiguos integrantes de las FARC y otros actores del conflicto armado.
La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar las violaciones más graves cometidas durante el conflicto, además de reparar a las víctimas. Desde su puesta en marcha, la jurisdicción ha avanzado en macrocasos como los relacionados con secuestros, reclutamiento forzado y violencia sexual.
El presupuesto de la jurisdicción ha sido motivo de controversia en los últimos años. Sectores políticos han cuestionado los recursos asignados, mientras que organizaciones de víctimas y de derechos humanos han advertido que cualquier disminución afecta el cumplimiento de los plazos y la atención a los comparecientes. El Ministerio de Justicia defiende el recorte como una decisión de priorización del gasto público dentro del marco fiscal vigente.
La reducción prevista para 2027 ocurre en un contexto de ajustes generales en el gasto del Estado colombiano. En los últimos presupuestos, distintos ministerios y entidades han visto modificaciones en sus partidas como parte de las metas de disciplina fiscal acordadas con organismos internacionales y con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La JEP, como entidad de la rama judicial, depende de las apropiaciones que el Ejecutivo incluye en el proyecto de ley y que el Congreso aprueba cada año.
Para los funcionarios de la JEP, la asignación presupuestal es determinante porque cubre el funcionamiento de los tribunales, los equipos de investigación forense, los proyectos de restauración de territorios y los planes de reincorporación. También financia la participación de las víctimas, un eje central del modelo de justicia transicional acordado en La Habana. Una disminución obliga a reprogramar actividades y a concentrar esfuerzos en los casos más avanzados.
Desde la perspectiva del Ministerio, la decisión responde a la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y de enfocar los recursos disponibles en prioridades de seguridad y de política social. La cartera argumenta que la jurisdicción cuenta con herramientas administrativas para ajustar su operación sin comprometer los procesos en curso. La Agencia Pi reportó que el Ministerio mantiene su posición y descarta, por ahora, revertir la partida propuesta.
En el Congreso begins el estudio del Presupuesto General de la Nación para 2027, por lo que el debate sobre los recursos de la JEP se trasladará a las comisiones económicas. Senadores y representantes podrán presentar proposiciones para modificar las cifras, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el monto final cambie durante la discusión legislativa. Sectores cercanos a la implementación del Acuerdo de Paz han anunciado que pedirán una revisión de la asignación.
Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz continúa con sus audiencias y resoluciones dentro de los cronogramas establecidos, a la espera de conocer el monto definitivo que le corresponderá en la próxima vigencia fiscal. La manera en que se resuelva este debate presupuestal enviará una señal sobre el respaldo institucional del Estado a los compromisos de verdad, justicia y reparación con las víctimas del conflicto armado colombiano.