La ministra de Salud, Ana María Vesga, salió a respaldar el plan de choque que anunció el presidente Abelardo de la Espriella para atender a más de un millón de pacientes con servicios represados en el sistema de salud. La funcionaria describió la iniciativa como una forma de "detener el sufrimiento" de los usuarios, según reportó Infobae.
Según explicó la ministra, la estrategia tendrá carácter extraordinario y temporal. Eso significa que funcionará como un mecanismo de emergencia, acotado en el tiempo, mientras se resuelven los problemas estructurales que tienen paralizadas miles de solicitudes de atención en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que están bajo intervención del Gobierno.
El plan contempla tres líneas de acción concretas. La primera busca agilizar las atenciones represadas, es decir, cirugías, citas especializadas, exámenes y procedimientos que llevan semanas o meses sin programarse. La segunda apunta a inyectar liquidez al sistema, con recursos que permitan a las IPS y a los prestadores cubrir deudas acumuladas y volver a operar con normalidad. La tercera línea busca ordenar las obligaciones financieras de las EPS intervenidas, un punto crítico porque el desorden en los pagos ha sido una de las causas del colapso en la red hospitalaria.
El respaldo de la ministra llega en un momento sensible para el sector. La intervención de varias EPS por parte de la Superintendencia de Salud ha dejado a millones de afiliados en una zona gris: sus aseguradoras ya no funcionan como antes, pero el traslado a nuevos operadores tarda más de lo previsto. En ese limbo, las citas, las autorizaciones y los pagos se han acumulado, y los pacientes son quienes más lo sienten.
Para los ciudadanos, el componente más visible del plan será la agilización de las atenciones. Si la estrategia funciona, un paciente que hoy espera una cirugía o un examen especializado podría pasar de una fila indefinida a un calendario concreto con plazos. La inyección de liquidez, en cambio, opera en un nivel menos visible pero determinante: sin flujo de caja, los hospitales y clínicas no pueden comprar insumos, pagar nóminas ni abrir quirófanos.
La ordenación de las obligaciones financieras de las EPS intervenidas es quizá el reto más complejo. Tras años de giros cruzados, deudas sin aclarar y pagos demorados, levantar un mapa real de quién le debe qué a quién requiere tiempo y capacidad técnica. El Ministerio tendrá que coordinar con la Superintendencia de Salud, con la ADRES y con los liquidadores de cada entidad para evitar que la transición deje nuevos huecos.
Desde el punto de vista institucional, la vocería conjunta entre la Presidencia y el Ministerio de Salud busca enviar una señal de orden al sistema. Que la ministra sea la cara visible del respaldo indica que la ejecución técnica quedará en su despacho, mientras el presidente fija el rumbo político. Esa distribución de roles es clave, porque el plan necesita resultados medibles en semanas, no solo anuncios.
Quedan varios interrogantes sobre los que no hay información detallada todavía: cuánto costará la estrategia, de dónde saldrán los recursos para la liquidez y qué indicadores se usarán para medir si la atención a más de un millón de pacientes se cumplió. También está por verse cómo se articulará el plan con las EPS que aún operan y con las que están en proceso de liquidación, para que los usuarios no queden atrapados entre dos sistemas.
Por ahora, el mensaje del Gobierno es claro: hay un problema acumulado de más de un millón de atenciones sin resolver, y la administración tiene un plan de choque con fecha de inicio. La ciudadanía, en particular los afiliados a las EPS intervenidas, estará pendiente de si las citas empiezan a reagendarse y de si los hospitales vuelven a recibir pagos en tiempos razonables. De eso dependerá que el respaldo ministerial se traduzca en algo concreto para los pacientes.