Indalecio Dangond, figura designada para encabezar el Ministerio de Agricultura, lanzó una crítica directa al Decreto 765 de 2026, una norma expedida en el marco de la Reforma Agraria impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. El señalamiento fue recogido por Infobae, que titula la declaración con la frase "por encima de las víctimas".
El decreto fue firmado bajo el argumento, expuesto por el propio texto, de que la Reforma Agraria constituye una "política prioritaria para garantizar el acceso a la tierra" y para promover la economía campesina. Se trata de una normativa que busca ordenar el acceso, distribución y formalización de predios rurales, una de las banderas centrales del gobierno saliente en materia agraria.
Dangond cuestiona precisamente ese propósito. Desde su óptica, la forma como se reglamentó la Reforma Agraria afecta derechos de víctimas del conflicto armado, sector que durante décadas ha reclamado la restitución de tierras como parte de los acuerdos de paz y de la legislación vigente sobre víctimas y despojo.
La Reforma Agraria ha sido uno de los proyectos estructurales del gobierno de Petro. Su discusión arrancó con la presentación de los proyectos de ley en 2023 y atravesó varias reformas y debates en el Congreso, donde se incluyó el acceso progresivo a la tierra, la formalización de predios y la creación de la jurisdicción agraria. El Decreto 765 de 2026 es uno de los actos administrativos derivados de ese marco.
La intervención de Dangond tiene peso institucional porque llega de quien será, una vez se posesione, el responsable de ejecutar la política agropecuaria nacional. Su crítica se inscribe en el debate de fondo sobre cómo equilibrar la entrega de tierras con los derechos de quienes fueron despojados por actores armados, un punto sensible en regiones como el Catatumbo, el sur de Córdoba y varias zonas del Pacífico.
El pronunciamiento se suma a una serie de cuestionamientos que han rodeado la implementación de la Reforma Agraria. Organizaciones campesinas, gremios productores y sectores de víctimas han pedido reglas claras sobre la compra de tierras, la transparencia en los catastros multipropósito y los mecanismos de resolución de conflictos por la tenencia.
Para la ciudadanía, el debate toca un punto sensible: la tierra en Colombia concentra buena parte de los conflictos sociales y armados. Lo que se reglamente sobre su acceso afecta a pequeños productores, comunidades étnicas, víctimas de despojo y grandes propietarios, cada uno con intereses distintos.
Por ahora, la declaración deja abierta la expectativa sobre si el nuevo gobierno buscará ajustar, derogar o renegociar los alcances del Decreto 765 de 2026. Mientras se concreta el empalme ministerial, el texto sigue vigente como norma reglamentaria de la Reforma Agraria.