El ministro de Agricultura provocó una intensa polémica tras proponer, en una intervención pública, dejar de utilizar la palabra “campesinos” con el argumento de que así se les “elevaría el estatus”. La declaración fue recogida por Infobae y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios, organizaciones rurales y líderes gremiales cuestionaron el alcance de la propuesta.
Ante la oleada de críticas, el Ministerio de Agricultura difundió un comunicado en el que aclaró que la sugerencia del ministro fue de carácter lingüístico y conceptual, y que no implica eliminar el término “campesino” del lenguaje institucional ni de las normas vigentes. La cartera insistió en que se trata de una reflexión sobre la dignidad y el reconocimiento del sector rural.
El ministro sostuvo que “campesino” y otros términos no son sinónimos, y que el uso diferenciado responde a una intención de visibilizar la diversidad de roles que cumple la población rural en el país. Esa distinción, según dijo, busca reconocer a quienes producen alimentos, custodian los territorios y sostienen prácticas agrícolas tradicionales.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre el reconocimiento de los habitantes del campo colombiano. La Constitución de 1991 y distintas leyes reconocen al campesinado como sujeto de derechos, y el Gobierno nacional ha impulsado en los últimos años políticas de reforma agraria, formalización de tierras y estímulo a la economía campesina.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y distintas plataformas rurales rechazaron de plano el cambio de lenguaje. Argumentaron que la palabra “campesino” tiene una carga histórica de lucha por la tierra y que sustituirla por eufemismos o tecnicismos puede desdibujar la identidad de millones de personas que se reconocen bajo ese nombre.
En el plano político, la controversia se produce en medio de la discusión nacional sobre el futuro de la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos. Para los críticos, el debate lingüístico distrae de los problemas estructurales que enfrenta el campo, como la concentración de la propiedad, la violencia en zonas rurales y la falta de crédito y asistencia técnica.
Defensores de la propuesta, en cambio, consideran que actualizar el lenguaje permite romper con estigmas históricos ligados a la pobreza rural y abrir nuevas oportunidades de mercado y de reconocimiento internacional. Algunos analistas han señalado que distintos países han adoptado marcos conceptuales similares para diferenciar a productores agrícolas, emprendedores rurales y comunidades étnicas.
Por ahora, el Ministerio no ha anunciado cambios normativos ni en la denominación de sus programas. La aclaración oficial sugiere que la intención del ministro fue abrir una conversación pública sobre el valor simbólico y económico del trabajo en el campo, y no imponer un nuevo vocabulario en los documentos oficiales.
Queda pendiente si el Gobierno abrirá espacios formales de diálogo con organizaciones campesinas para discutir esta y otras iniciativas relacionadas con el reconocimiento del sector rural. Mientras tanto, la polémica deja en evidencia lo sensible que resulta cualquier modificación del lenguaje cuando se trata de identidades construidas a lo largo de décadas de historia agraria en Colombia.