Fabio Arjona, quien fue presentado como el próximo ministro de Ambiente en el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, afirmó en su cuenta oficial de X que la deforestación en Colombia durante 2025 es un dato que el Gobierno de Gustavo Petro no ha querido hacer público. Según el extracto de Infobae, Arjona aseguró que la ausencia de estas cifras responde a que las autoridades salientes "saben que el escenario es trágico".
La declaración se inscribe en la transición entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella. Arjona, todavía como designado, utilizó sus redes sociales para fijar una posición crítica sobre la gestión ambiental del periodo que está por concluir. La frase "Este Gobierno falló" resume el tono del mensaje reportado por Infobae.
Colombia mide la deforestación a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente que publica periódicamente boletines sobre la cobertura de bosques en el país. En ciclos normales, el Ideam cierra las cifras anuales en los primeros meses del año siguiente, un proceso que incluye la consolidación de alertas tempranas y la verificación en campo. La denuncia de Arjona sugiere que ese reporte estaría retrasado o no se habría difundido.
El tema de la deforestación ha ocupado un lugar central en la agenda ambiental colombiana durante las últimas décadas. La Amazonia, el Pacífico y los Andes concentran la mayor presión sobre los bosques, por factores como la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la ampliación de la frontera agropecuaria. Distintas administraciones han implementado estrategias como los Planes de Acción Inmediata y los acuerdos con comunidades campesinas e indígenas para frenar la pérdida de bosque.
En lo que va del siglo, Colombia ha reportado variaciones significativas en las tasas anuales de deforestación. Las cifras han mostrado picos por encima de las 200.000 hectáreas y descensos pronunciados tras operativos de contención, aunque las metodologías de medición han cambiado con el tiempo, lo que dificulta las comparaciones directas entre periodos presidenciales. En cualquier caso, la deforestación se mantiene como uno de los indicadores más sensibles del desempeño ambiental del Estado.
Para la ciudadanía, la publicación oportuna de estos datos tiene efectos prácticos. Organizaciones civiles, investigadores y autoridades locales usan las cifras de deforestación para diseñar proyectos de conservación, asignar recursos y exigir responsabilidades. Cuando los datos no se difunden a tiempo, se reduce la capacidad de la sociedad para supervisar la política ambiental y para que las comunidades afectadas por la pérdida de bosque accedan a mecanismos de protección.
El extracto de Infobae no detalla si el Ideam ha emitido algún comunicado explicando el retraso o si existen diferencias metodológicas pendientes de resolver. Tampoco se mencionan reacciones oficiales del Ministerio de Ambiente saliente ni de otras entidades del Gobierno Petro frente a las afirmaciones de Arjona. La denuncia quedó, por ahora, en el terreno de las declaraciones del designado.
Queda por verse si el Gobierno de Gustavo Petro publicará las cifras de deforestación de 2025 antes del cambio de mando y si la administración entrante de De la Espriella, una vez posesionada, abrirá una investigación sobre el manejo de esos datos. El primer pronunciamiento del nuevo Ministerio de Ambiente, ya en funciones, podría dar señales sobre la ruta que tomará la política forestal del país en los próximos años.
La situación también plantea un debate sobre la transparencia ambiental en periodos de transición. Expertos en rendición de cuentas han señalado que los datos oficiales deben permanecer disponibles para la ciudadanía sin importar el calendario político, pues son insumos básicos para la veeduría social y para la cooperación internacional en materia de cambio climático.