El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que distintos cabecillas y dirigentes de organizaciones armadas han elevado solicitudes formales para iniciar conversaciones con el Gobierno nacional. La declaración fue recogida por el medio NTN24, que publicó el reporte de la revelación.
De acuerdo con el funcionario, la postura oficial frente a esos acercamientos es clara: no existe, por el momento, una negociación con esos grupos. “Se les ha contestado que no hay ninguna negociación”, dijo Cancino al referirse a las solicitudes recibidas en su despacho.
La afirmación del ministro se conoce en un contexto de debate abierto sobre las políticas de diálogo y sometimiento a la justicia que han marcado los últimos años en Colombia. El Ministerio de Justicia es una de las carteras que lidera los lineamientos sobre los procesos de sometimiento individual y los marcos legales aplicables a organizaciones ilegales.
Aunque Cancino no entregó el listado de estructuras que habrían pedido hablar, sí describió un patrón: las solicitudes han llegado por canales formales y no han sido descartadas de plano, pero tampoco han derivado en una mesa instalada. Esa diferencia entre “responder” y “negociar” marca el límite que, por ahora, pone el Ejecutivo.
En la práctica, la posición del Gobierno deja varias lecturas. Por un lado, reconoce que existen expresiones armadas dispuestas a buscar salidas políticas o jurídicas. Por el otro, condiciona cualquier conversación a que se respeten los marcos vigentes, en especial los relacionados con la justicia transicional y el sometimiento a la ley.
El anuncio reaviva una discusión que atraviesa al país desde hace décadas: cómo abordar a los grupos armados sin entregarles beneficios políticos que la ciudadanía percibe como concesiones indebidas. Para los críticos del diálogo, el solo hecho de “responder” solicitudes puede interpretarse como una puerta entreabierta.
Para los defensores de salidas negociadas, en cambio, ignorar las solicitudes de organizaciones que manifiestan voluntad de hablar puede ser un error estratégico. Cancino intentó ubicarse en un punto intermedio: las solicitudes se acusan recibo, pero sin abrir una mesa formal.
La ciudadanía queda a la espera de dos cosas. La primera, que el Ministerio detalle los criterios con los que se seguirá respondiendo a nuevas solicitudes. La segunda, que el Congreso y los organismos de control acompañen el proceso para garantizar transparencia sobre quién pide qué y bajo qué condiciones se contesta.
Por ahora, el mensaje central del Gobierno es que no hay negociación en curso con cabecillas armados. El hecho de que esas solicitudes existan y sean reconocidas de manera pública es, en sí mismo, un dato relevante para el seguimiento de la política de seguridad del Ejecutivo.