En la mañana, el ministro de Defensa Pedro Sánchez habló con La Luciérnaga, el espacio humorístico y de actualidad de Caracol Radio, y entregó un balance sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. En ese primer momento, expuso una cifra que sugería una tendencia a la baja en los asesinatos de estas personas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Horas después, el propio funcionario rectificó lo dicho. Según la versión corregida, los asesinatos de líderes sociales no disminuyeron, sino que registraron un aumento en lo corrido del gobierno Petro. La rectificación fue hecha pública por el mismo ministro, sin que hasta el momento se conozcan detalles adicionales sobre las fuentes oficiales que respaldan la nueva cifra.
El episodio pone en el centro del debate la protección de los líderes sociales, una política que el gobierno Petro asumió como una de sus prioridades en materia de derechos humanos. Desde el inicio de la administración, distintas organizaciones sociales y organismos internacionales han alertado sobre la persistencia de la violencia contra defensores de derechos humanos, indígenas, sindicalistas y líderes comunitarios, sin que se reporten mejoras sostenidas.
La contradicción entre la cifra inicial y la rectificada abre preguntas sobre la coherencia de la información oficial que entrega el Ministerio de Defensa. Para la opinión pública, este tipo de ajustes resulta relevante porque las cifras de violencia suelen ser insumo clave para evaluar la política de seguridad y para que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo adopten medidas de protección.
En el plano institucional, el Ministerio de Defensa tiene a su cargo la coordinación de la fuerza pública y la implementación de la política de defensa y seguridad del gobierno nacional. La protección de los líderes sociales es una tarea compartida con la Unidad Nacional de Protección y con la Policía Nacional, que son las entidades encargadas de evaluar los riesgos y asignar esquemas de seguridad a personas amenazadas.
La rectificación llega en un contexto en el que varias plataformas ciudadanas, como Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, han mantenido sus propios registros de asesinatos de líderes y lideresas sociales, que suelen contrastarse con las cifras oficiales. La diferencia entre unas y otras fuentes ha sido motivo de controversia, porque cada metodología de medición produce resultados distintos y genera debates sobre cuál refleja mejor la realidad.
El hecho de que el propio ministro haya reconocido el error y haya ajustado la cifra se suma a la presión que enfrenta el gobierno para mostrar resultados concretos en la reducción de la violencia. Sectores políticos de oposición han exigido explicaciones, mientras que organizaciones sociales piden que se refuercen las medidas de prevención y protección, especialmente en regiones como Cauca, Putumayo, Nariño y Antioquia, donde históricamente se concentra el riesgo.
Queda por establecer si la corrección dará lugar a una explicación más detallada por parte del Ministerio de Defensa, con datos desagregados por regiones y por tipos de liderazgo. También está pendiente el pronunciamiento de otras carteras, como el Ministerio del Interior, que coordina la política de derechos humanos y el sistema de alerta temprana.
Por ahora, la rectificación del ministro Pedro Sánchez deja sobre la mesa una pregunta central para la ciudadanía: si la tendencia de los asesinatos de líderes sociales es al aumento, qué nuevas acciones adoptará el gobierno nacional para frenar esa violencia y garantizar el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.