Miguel Gómez, ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, expuso en entrevista con Infobae las líneas centrales de la política económica que piensa impulsar el Ejecutivo. Según el extracto publicado por ese medio, una de las prioridades será evitar que la deuda neta del país alcance niveles históricos.
El funcionario también se refirió al sistema tributario. Advirtió sobre el impacto de la informalidad en la capacidad recaudadora del Estado y planteó la necesidad de una reforma tributaria que, según sus palabras, permita ampliar la base de contribuyentes y corregir los desbalances actuales.
Dentro de los anuncios figura una modificación al impuesto del 4x1.000, uno de los gravámenes financieros que aplican a las transacciones bancarias en Colombia. Gómez también puso sobre la mesa el impulso al fracking como fuente de ingresos, un debate que el país arrastra desde hace varios años por sus implicaciones ambientales y económicas.
El ministro cuestionó además la política salarial reciente. A su juicio, los incrementos en el salario mínimo y en otros rubros de nómina han tenido efectos sobre la inflación y sobre la competitividad de las empresas, lo que exige una revisión del esquema vigente.
El paquete de propuestas llega en un momento en el que el país debate cómo cerrar el hueco fiscal sin afectar la inversión ni el empleo formal. La combinación de reforma tributaria, cambios al 4x1.000 y eventual apertura al fracking configura una hoja de ruta ambiciosa que tendrá que pasar por el Congreso de la República.
Para los ciudadanos, los puntos más sensibles son la reforma tributaria y los ajustes al 4x1.000, porque tocan directamente el bolsillo de contribuyentes, trabajadores y usuarios del sistema financiero. La discusión sobre el salario mínimo también es central, dado que rige para más de doce millones de trabajadores formales en Colombia.
En materia institucional, la propuesta marca el tono del nuevo gobierno frente a los mercados y los organismos multilaterales. El mensaje de contener la deuda neta apunta a conservar la calificación de riesgo y a mantener el acceso a crédito externo en condiciones razonables.
Quedan pendientes varios anuncios de detalle. No se conocen todavía los rangos concretos de la reforma tributaria, ni el umbral de operaciones que se verían afectadas por los cambios al 4x1.000, ni el alcance geográfico o regulatorio que tendría la apertura al fracking.
La discusión apenas comienza. Sectores productivos, centrales obreras, gremios financieros y comunidades ambientales serán algunos de los actores que reaccionarán en las próximas semanas al paquete anunciado por el ministro Gómez y citado por Infobae.
