El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que grupos al margen de la ley han expresado su intención de buscar un acercamiento con el Gobierno nacional. El pronunciamiento lo entregó a la Emisora Nueva Época de Fusagasugá, medio que dio a conocer la información este lunes.
Según el funcionario, las comunicaciones provienen de estructuras criminales que exploran canales de diálogo. Cancino fue enfático en señalar que el Gobierno no abrirá una mesa paralela ni reconocerá carácter político a esas organizaciones. La única ruta válida, dijo, es la que establece la ley de sometimiento actualmente vigente.
La ley de sometimiento a la que alude el ministro es el marco normativo que define las condiciones bajo las cuales integrantes de organizaciones criminales pueden acogerse a la justicia ordinaria. A cambio de colaboración efectiva y entrega de información, los beneficios penales contemplan reducción de penas, pero excluyen cualquier tipo de reconocimiento político, participación en espacios de poder o indultos por delitos graves.
Para el Ejecutivo, la separación entre negociación política y sometimiento judicial no es un matiz menor. Organizaciones Armadas Ilegales como las Autodefensas Gaitanistas o el llamado Estado Mayor Central tienen trayectorias y naturalezas distintas, y el Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones que solo atenderá a quienes se sometan al marco legal existente, no a quienes pretendan ser tratados como actores políticos.
El anuncio llega en un contexto sensible para la seguridad del país. Las disidencias y los grupos herederas del paramilitarismo han multiplicado sus acciones en varias regiones, lo que ha incrementado la presión sobre las Fuerzas Militares y sobre las comunidades que habitan las zonas de mayor presencia armada. En ese escenario, cualquier insinuación de diálogo es vista con cautela por amplios sectores políticos y sociales.
Cancino no reveló en la entrevista con la Emisora Nueva Época el nombre de los grupos que se habrían comunicado, ni entregó detalles sobre los intermediarios o los mensajes recibidos. La ausencia de nombres concretos deja abierta la pregunta sobre si se trata de estructuras nacionales, regionales o de facciones específicas dentro de organizaciones más grandes.
Sectores de oposición y organizaciones de víctimas han pedido en repetidas ocasiones que cualquier acercamiento con estructuras armadas se someta a un debate público amplio y al acompañamiento de organismos internacionales. También han reclamado que se respete el principio de centralidad de las víctimas, un eje transversal del derecho internacional humanitario aplicado a procesos de paz.
En lo inmediato, el Gobierno deberá decidir cómo responder a esas comunicaciones dentro del marco de la ley de sometimiento. El Ministerio de Justicia tendrá que evaluar la veracidad de los contactos y, eventualmente, canalizarlos a la Fiscalía o a los operadores judiciales competentes. Lo que queda por verse es si esos acercamientos se traducen en sometimientos concretos o si se diluyen sin resultados tangibles.