El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que delincuentes y cabecillas al interior de Grupos Armados han elevado solicitudes para entablar un diálogo con el Gobierno nacional. La declaración fue hecha en un escenario público donde el jefe de la cartera fue consultado sobre los acercamientos que se adelantan desde distintas dependencias del Estado.
Cancino fue enfático en negar que exista una negociación abierta. Al ser interrogado sobre el tema, respondió con la frase 'No hay ninguna negociación', según quedó consignado en el reporte de la fuente. La distinción entre 'pedir diálogo' y 'estar negociando' resulta central en su discurso.
El ministro tampoco reveló cuáles serían las organizaciones que habrían hecho esa solicitud. Se limitó a señalar que les han contestado a todos los Grupos Armados que se han acercado, sin detallar nombres, estructuras ni frentes específicos. Esa opacidad impide, por ahora, verificar la magnitud del fenómeno.
La figura de la 'contestación' a grupos armados está regulada en Colombia. La Ley de Orden Público y la jurisprudencia constitucional han diferenciado entre un acercamiento formal de diálogo, condicionado a exigencias como el cese de hostilidades y la verificación, y una mera respuesta institucional a solicitudes de comunicación. Cancino no aclaró en cuál de esos marcos se inscriben los intercambios mencionados.
El contexto inmediato es relevante. El Gobierno nacional ha mantenido como política central la llamada 'paz total', una estrategia que abrió la puerta a conversaciones simultáneas con múltiples estructuras armadas ilegales, incluyendo disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales. Esa política ha sido objeto de debate por sus resultados en materia de seguridad y por la fragmentación de las mesas en distintas regiones del país.
La declaración del ministro se produce en un momento en el que varios sectores políticos y académicos cuestionan la coherencia de los acercamientos con organizaciones criminales. Críticos argumentan que negociar con cabecillas sin condiciones claras puede debilitar la fuerza pública. Defensores de la política sostienen que abrir canales reduce la violencia y permite la desmovilización.
Para la ciudadanía, la principal preocupación es práctica. Saber si un cabecilla está conversando con el Gobierno tiene efectos directos en zonas donde estos grupos ejercen control, porque de ello depende el despliegue militar, la presencia institucional y la protección de líderes sociales. La falta de información precisa sobre con quiénes se habla alimenta la incertidumbre.
Otro punto sensible es el de la justicia transicional. Las solicitudes elevadas por cabecillas suelen estar vinculadas a eventuales beneficios jurídicos, acceso a mecanismos como la Ley de Justicia y Paz o figuras similares. Cancino no se pronunció sobre ese aspecto en particular, lo que deja abierta la pregunta sobre qué tipo de ofertas se han puesto sobre la mesa.
El ministro tampoco respondió sobre los tiempos ni los protocolos que rigen esos contactos. Queda por conocer si las solicitudes serán tramitadas por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, por el Ministerio de Defensa, por la cartera de Justicia o por un canal alterno. Esa indefinición añade una capa adicional de opacidad al proceso.
Por ahora, lo concreto es la afirmación del jefe de la cartera: existen solicitudes de diálogo, el Gobierno ha respondido y, en sus palabras, no hay negociación. La verificación de esa afirmación dependerá de los pronunciamientos posteriores de las propias estructuras armadas y de los organismos de control que siguen de cerca los acercamientos con grupos al margen de la ley.